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El fiscal general Julio Centeno Gómez afirmó que la condena de 22 años de prisión emitida por un juez de Rivas contra el norteamericano, Jason Zachary Puracal, por pertenecer a una banda del crimen organizado dedicada al traslado de drogas y lavado de dinero, está ajustada a Derecho, pues lo actuado ha estado apegado a las leyes.

Puracal, de 34 años, fue condenado junto a otras 10 personas a la pena antes mencionada y su caso continúa generando reacciones y críticas de funcionarios públicos de Estados Unidos y ahora de Canadá, sobre supuestas anomalías en el proceso judicial.

Tal es el caso de Irwin Cotler, exfiscal y actual miembro del Parlamento canadiense, quien hizo llegar una carta al presidente Daniel Ortega y a Centeno Gómez, solicitando una revisión del caso de Puracal, por considerar que “su condena es injusta, para serle sincero. No me cabe duda alguna de que la condena del señor Puracal representa un grave error judicial”, asevera el parlamentario.

 “Consulté con la fiscal departamental de Rivas (Isolda Ibarra) y con el subdirector de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Rodrigo Zambrana, quienes llevaron el caso y me informaron que la persona ésta (Puracal) estaba bien acreditada como participante en los ilícitos por los que fue acusado y que la prueba es abundante; por lo tanto el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial fueron coincidentes en su actuación”, aseguró Centeno.  

"Decisión es del TAG"
En su misiva Cotler señala que el Proyecto de Inocencia de California, que revisa reclamos de más de dos mil personas encarceladas anualmente, ha adoptado el caso de Puracal como uno de los diez que escoge cada año. Asevera que ese proyecto solo adopta casos donde ha concluido que existe evidencia “contundente de la inocencia fáctica”.

Además menciona que, según su análisis, la Policía y los fiscales no entendieron los procedimientos básicos en materia de bienes raíces, incluso la función y el uso de una cuenta en aplica, lo cual hubiera explicado las transacciones comerciales legítimas de Puracal.

“Ellos (la familia y defensores de Puracal) pueden hacer uso de todos los recursos que les permite la Ley, pero ahora el caso está en poder del Tribunal de Apelaciones de Granada, y es el Tribunal del país el que va a decidir sobre el destino del señor Puracal, y nosotros tenemos confianza en las instituciones de Nicaragua”, aseveró Centeno.