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La procuradora especial de la diversidad sexual, Samira Montiel, lamentó que diputadas y diputados de la Comisión de Justicia aún sostengan concepciones discriminatorias contra los miembros de la comunidad lésbica, gay y trans, al no reconocerles el derecho de poder formar una familia.

Montiel dijo que las disposiciones constitucionales no pueden ser excusa para ahora decir que la unión de personas del mismo sexo no constituye una pareja estable ni una familia, cuando en la realidad nicaragüense existen familias homoparentales.

Contradicciones
“La Constitución se puede decir que tiene contradicciones. Primero, en uno de sus principios está la igualdad ante la ley y la no discriminación, pero luego viene y dice que la familia solo está compuesta por hombre y mujer”, expresó la procuradora, señalando que eso es discriminación y una violación a los derechos humanos.

Desatacó que existen malas experiencias, en las que no se reconoce a las personas del mismo sexo como seres capaces de crear lazos afectivos y de unión estable. Uno de ellos es que una lesbiana, con su pareja e hijos adoptados, aunque tenga los requisitos y los ingresos necesarios, no se lo permiten, pues priorizan a las familias con hijos. En este caso a esta mujer le dijeron que era soltera, su unión no se podía considerar estable y no tenía hijos consanguíneos. Otra de las decepciones es que en los hospitales, si la pareja está enferma, no te permiten estar con esta, pues solo se permite el ingreso a familiares o en matrimonio.
Código no refleja diversidad
“Considero que el Código de la Familia, indudablemente, trae el espíritu de mejorar las relaciones en la familia nicaragüense, pero el gran problema es que no refleja la diversidad de familias que tenemos en el país. Por tanto, debemos revisar esos conceptos de familia y actualizarlos”, alega.

Mencionó que según estudios internacionales es oportuna la revisión de leyes cada diez años, para adaptarlas a las necesidades y a los nuevos conceptos, sin embargo, nuestra Constitución ha variado muy poco en conceptos, dejando la realidad en nuestro país. La procuradora señaló que un 10% de la población mundial admite tener una opción sexual diferente, así que en Nicaragua, con una población de 6 millones hay 600,000 personas que de manera abierta tienen una opción sexual diferente.

Montiel agregó que también lamenta que la comisión no tomó en cuenta las propuestas que la Procuraduría de la Diversidad Sexual hizo al respecto.

Marvin Mayorga, miembro del Grupo Estratégico por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, dijo que los grupos están analizando la situación desde el punto de vista jurídico, presentándose a primera vista la contradicción entre el artículo 3 y el 47 del código en mención, los que tienen que ver con la igualdad ante la ley, y luego determinar el matrimonio como la unión estable entre hombre y mujer.

Legislan los prejuicios
“El problema es que muchos diputados toman posiciones moralistas y no de derechos. Al final, los prejuicios son los que legislan. La definición de matrimonio debería ser la unión voluntaria entre dos personas, y no necesariamente debe ser entre hombre y mujer”, alegó Mayorga.

Señaló que igual que una unión heterosexual, las parejas con opciones sexuales diferentes tienen sentimientos, necesidades, tienen hijos de relaciones con parejas heterosexuales, de igual manera forman otras parejas, y el Estado debería reconocer que también tienen familias.