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La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y el Movimiento contra el Abuso Sexual, denunciaron la revictimización por parte de las instituciones gubernamentales en el caso de varias niñas violadas.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, puso como ejemplo un caso de Chinandega, en el cual la pequeña fue abusada con tocamientos, primero por la expareja de su mamá, y, posteriormente, por su abuelo paterno, quien es procesado en medio de una serie de irregularidades no solo legales, sino también en violación a los derechos de la niñez.

“Desde el delegado del Ministerio de la Familia, quien durante el proceso no retiró a la niña de la casa de sus padres, que apoyan al supuesto abusador de 66 años, a la desaparición del expediente, luego el caso pasó a última hora a una fiscal no especializada, quien sin leer el mismo entró a juicio, y un juez que hace declarar a la niña ante su victimario y permite que el padre biológico, que es testigo de descargo, sostenga el micrófono frente a la víctima”, dijo Cuevas, al detallar todas las inconsistencias ocurridas durante el proceso.

Agregó que hay grupos de apoyo que incluso agredieron a la abuela materna de la niña, porque ella promueve la acusación, pues el padre y la madre se niegan a emprenderla, asegurando que la abuela lo único que quiere es quitarles la guarda y tutela de la menor.
Cuevas mencionó que incluso el juez, Diógenes Dávila, no le permitió ingresar para presenciar el juicio como abogado de una organización de derechos humanos que buscaba observar que el proceso se desarrollara respetando los requerimientos de ley.

Añadió que en Managua ya enviaron un informe al Ministerio Público, y que informarán de la situación a la Corte Suprema de Justicia, y de la lentitud del accionar de la Comisaría de la Mujer y de la Policía Nacional, por no acatar la orden de captura contra el acusado.

También darán a conocer del caso a la dirección del Ministerio de la Familia.

 

Actuación similar en otros casos
Señaló que hay otros casos similares, con grandes deficiencias de las instituciones encargadas de velar por la justicia, y ejemplificó con uno donde dejaron libre a un violador aduciendo que la niña de 13 años tuvo la culpa de haber quedado embarazada, mientras en Masaya otro acusado de violación, que trabaja en los juzgados, no es procesado por ser protegido de los jueces.

Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual, dijo que ellas creen en la niña, dada la narración en la cual, más de una vez, se ha referido a los tocamientos del abuelo, lo que se define como abuso sexual según el Código Penal en su artículo 172, sancionado con pena de prisión de cinco a siete años.

A pesar de las capacitaciones, los talleres de sensibilización, la inversión en temas de género y las nuevas leyes vigentes, “aún se observa cómo el sistema de justicia actúa de manera negligente, violando los derechos de una niña abusada por la expareja de su madre y por el abuelo, a quien además están revictimizando, estigmatizando, y la dejan en desprotección”, alegó Norori.

Señaló que se están procesando los datos para dar a conocer la cantidad de casos a los cuales, como organización, han dado seguimiento.