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El juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Áreas, dictó prisión preventiva al empresario Henry a su hermano Pedro Joaquín Fariñas Fonseca y a Hugo Jáenz Figueroa, tras admitir la acusación, donde la Fiscalía les imputa la presunta autoría de los ilícitos de tráfico internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado.

El judicial también ordenó la captura de los otros cuatro acusados: Guillermo José Blandón Cerda, William Vargas Conrado, Julio Antonio Calero Pasos y Gerald James Shackeford Vaughn, y la tramitación compleja del proceso judicial a como lo solicitó la Fiscalía.

El Juez Áreas igualmente ordenó a la superintendencia de bancos que pida información a todas las entidades del sistema financiero nacional, para verificar si los procesados tiene o no cuentas bancarias, certificados o bien las empresas que ellos crearon, y de resultar positivas se proceda al congelamiento o inmovilización de las mismas.

Finalmente el juez programó la audiencia inicial para el próximo 30 de abril.

La Policía Nacional ha decomisado unos 10 vehículos que pertenecen a Fariña, quien acusó al costarricense Alejandro Jiménez de ordenar el atentado en su contra, en el que murió Facundo Cabral.

Fariña, promotor de espectáculos, lleva más de diez años radicado en Guatemala, fue detenido el jueves último en el Aeropuerto "Augusto C. Sandino" 19 días después que fuera capturado en Colombia el supuesto cerebro en el atentado de Cabral, el costarricense Alejandro Jiménez, alias "El Palidejo", quien es procesado en Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas determinaron que el atentado en el que murió Cabral, perpetrado por sicarios el 9 de julio de 2011, iba dirigido contra Fariña.

En parte de sus declaraciones, el empresario de espectáculos explicó a las autoridades guatemaltecas que "El Palidejo" le había amenazado de muerte por negarse a vender los centros nocturnos conocidos como "Elite" en Costa Rica y Nicaragua.

Fariña comentó que su negativa le causó malestar a Jiménez, pero anotó que no le dio importancia a las amenazas de muerte hasta que se perpetró el atentado en Guatemala el pasado 9 de julio.