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Penas que oscilan entre los 6 y los 30 años de prisión impuso el juez suplente IV Distrito Penal de Juicio de la capital, Donaldo Alfaro, a los 13 miembros de la agrupación “Los Charros”, por los delitos de transporte internacional de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones hecha por la Policía Nacional, “Los Charros” eran quienes recibían en Nicaragua la droga que supuestamente el grupo del empresario de espectáculos, Henry Fariñas, trasladaba desde Panamá hacia Nicaragua, y que luego los primeros trasegaban hasta México, donde era recibida por el cártel de La Familia Michoacana.

“Los Charros” eran jefeados en Nicaragua por el exagente de la Policía Federal Mexicana, Gabriel Maldonado Soler, su compatriota David Patrón Arce y el salvadoreño Cristóbal Ramírez López, quienes fueron condenados a la pena máxima: 30 años de prisión.
Maldonado, Patrón y Ramírez, fueron “pegados” con 18 años de prisión por transporte internacional de estupefacientes, seis años por lavado de dinero e igual cantidad de años por crimen organizado, para totalizar los 30.

Además, los tres extranjeros deberán pagar una multa de C$10,785, que equivale a 500 días del salario mínimo del sector industrial, dinero que deberán depositar a favor del Sistema Penitenciario Nacional, SPN.

Por los mismos tres ilícitos fueron sentenciados a 24 años de encierro en la cárcel, los hermanos Germán y Juan Carlos Reyes Fonseca, Marcelino Reyes González y Darwin Blandón Gutiérrez.

Los otros condenados a 24 años de encierro son Yaron Bolaños Rodríguez, Luis Castillo Orozco, Byron Figueroa Gutiérrez, Vinicio Castillo Rodríguez y Maynor Vladimir Flores.

Bienes decomisados
A 12 años de prisión por lavado de dinero y crimen organizado fueron condenados Agner Fonseca y Maynor Flores. El que recibió menos años de prisión fue Roberto Hernández Portillo, sentenciado a seis años de encierro por lavado de dinero.

En la sentencia, de 48 folios (páginas) el juez señala que la culpabilidad de los 13 acusados fue comprobada con el testimonio de 40 testigos que declararon durante el juicio, que se realizó en 10 sesiones durante cuatro semanas, en jornada de seis u ocho horas.

Entre los bienes decomisados están cuatro ferreterías, 12 casas, 24 vehículos y varias armas de fuego, indicó el juez Alfaro.

El inventario de las ferreterías pasará a ser parte del patrimonio de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para ser utilizado en el mantenimiento de las Casas de Justicia.

El armamento será entregado a la Policía Nacional. Las casas pasarán a ser propiedad del Estado, bajo la administración de la Procuraduría General de la República, y los vehículos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, añadió el juez Alfaro.

Mientras los abogados defensores anunciaron que apelarán de la sentencia, los representantes de la Procuraduría y de la Fiscalía se mostraron satisfechos con la resolución judicial.