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El abogado Lulio Marenco interpuso ayer formal denuncia en contra de los magistrados Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y Perla Arróliga, de la Segunda Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, por el delito de prevaricato, en perjuicio de su representada, la norteamericana Yahaira Peralta Sánchez.

Desde 2003, Peralta sostiene juicio por una propiedad de 158 manzanas de tierra ubicadas en la comarca Miraflores, en el sector cercano a la Laguna de Xiloá, con Nevardo Argüello Gutiérrez, quien solicitó al juez Quinto Civil de Distrito de Managua, la nulidad y cancelación de asiento registral, el cual está a favor de la estadounidense.

Según Marenco, el judicial de primera instancia declaró que “no ha lugar” a la solicitud de Argüello, por lo que este apeló esa decisión ante el TAM, pero lo hizo de manera equivocada, ya que no manifestó los agravios que lo llevaron a interponer el recurso.

“El Artículo 87 de la Ley 278, Sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, dice que el recurrente debe expresar los agravios, y Argüello no lo hizo. Sin embargo, el TAM viene y dice que ‘ha lugar’ a la nulidad de todo el proceso, cuando ni siquiera Nevardo ha solicitado esa nulidad, y en lo Civil todo es a petición de parte... Aquí se ve que hay un mayor interés por parte de los magistrados que por el recurrente”, señaló Marenco.

Magistrados mandaron a reiniciar juicio
El magistrado Rodríguez, Presidente del TAM, explicó que “en materia de la Ley 278, expresamente ordena que se expresen los agravios, y no se hizo, entonces se declaró la nulidad de todo lo actuado, en base justamente a eso… Ahora todo vuelve a primera instancia y el juicio no termina allí, pues”.

Marenco aseveró que en el terreno de su cliente existe un banco arenero que puede generar mucho dinero, y que sospechan que detrás del mismo hay un personero “grande” del gobierno que pretende adueñarse.

Agregó que con la resolución del TAM, que perjudica a su representada, esa institución está actuando de forma arbitraria y contraria a las intenciones del gobierno, el cual pretende obtener el waiver que otorga Estados Unidos a Nicaragua, relacionado a la resolución de casos de propiedad pertenecientes a ciudadanos norteamericanos.