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El nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social ya no incluirá la intervención judicial contra las empresas, ni la retención migratoria contra empresarios por conflictos laborales, y se retomará el esquema de la fianza del demandante al inicio de un embargo, según un acuerdo al que llegó ayer una comisión interinstitucional.

La comisión estuvo conformada por representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, sindicatos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y un delegado de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

El magistrado Rafael Solís, quien encabezó la comisión que analizó el proyecto del nuevo Código, señaló que se lograron acuerdos satisfactorios.

“En el caso de los embargos, antes se entendía que era para todos los casos, que los trabajadores podían embargar una empresa sin presentar fianza, lo cual los empresarios consideraron un abuso”, dijo el magistrado, señalando que esto ya no se contemplará.

Asimismo, el tema de intervención judicial --que se había planteado sólo como excepción-- tampoco se incluirá.

En cambio, la alternativa es que el juez tendrá la facultad de advertir al empleador las consecuencias de traspasar ilegalmente los bienes u ocultarlos para eludir sus responsabilidades con sus trabajadores.

De no acatar la advertencia, el juez fallaría anticipadamente a favor de los trabajadores y no habría necesidad de la intervención.

A aprobación hoy
José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, dijo que hoy lo que se aprobará es el proyecto conocido, sin embargo, en el caso específico de los artículos 36, 37, 38, 39, 40  y 44, harán las mociones de corrección, y se dejarán los artículos según el esquema que se logró consensuar”.

“Ya no va a haber retención migratoria. En los contextos actuales, cuando hay una demanda, esta es sobre la empresa, sobre la unidad económica-productiva, no sobre la persona que tiene un cargo específico. Con esto se asegura que la empresa pueda delegar en otra persona que asuma la respuesta de la demanda”, expresó Aguerri.

Señaló que, de lo contrario, se estaría legislando contra el Pacto de San José, que establece el derecho de libre movilización de las personas, sin retener a nadie por deudas o por el tipo de circunstancias laborales, como las planteadas.

Consideró que de los seis aspectos que preocupaban al Cosep, avanzaron de manera significativa con los tres temas principales, alegando que con esto se da certeza a las empresas de que no cambian las reglas del juego, y se mantiene la seguridad empresarial con el nuevo Código.

“Queda pendiente el tema de la tercerización. Estamos analizando. Se han planteado dos opciones: que no haya una ley de tercerización y en el Código lo defina, o lo contrario. Esto no está decidido. En la próxima reunión llegaremos a acuerdo de lo que más convenga”, comentó, recordando que el encuentro se realizará hoy por la mañana.

Además de la tercerización, quedaron pendientes a discutir el pago al demandante de los costos del proceso judicial y el tema de los procesos de demanda.