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El derecho a la privacidad, a la reputación, habeas data, y la presunción de inocencia, son principios básicos, reconocidos internacionalmente, y que deben ser respetados por la naciente Unidad de Análisis Financiero, UAF, cuya ley ya fue dictaminada en la Asamblea Nacional, concluye el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, Alejandro Aguilar Altamirano, en su Diagnóstico sobre la Prevención del Lavado de Dinero en Nicaragua.

En su estudio, el también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana, UAM, hace referencia a que el Grupo Egmont, que aglutina a las UAF del mundo, las define así: “Unidad central nacional, encargada de recibir (y si lo tiene permitido, solicitar), analizar y trasladar a las autoridades competentes comunicaciones de información financiera relacionadas con fondos de los que se sospeche un origen delictivo y una posible financiación del terrorismo”·

Por lo anterior, una UAF --agrega Aguilar en su estudio-- debe ser una dependencia estrictamente técnica, autónoma, apolítica, independiente y subordinada únicamente a la Constitución, considerando que su función será de carácter administrativo y no resta funciones al Ministerio Público y la Policía Nacional.

Aguilar, quien tiene 10 años de experiencia como investigador en este tema, afirma que si los artículos 4 y 9 del proyecto de Ley de Análisis Financiero, no son reformados, como ha sugerido el sector empresarial, Nicaragua sería “el único país del mundo” en el que la calidad de “sujeto obligado” podría imputársele discrecionalmente a “cualquier persona natural o jurídica” desde la UAF.

¿Los señalamientos del sector privado contravienen o no las recomendaciones del Gafic?
Por el contrario, la Recomendación 26 del Gafic (Grupo de Acción Financiera del Caribe) aconseja que la UAF “cuente con suficiente independencia y autonomía para asegurar que esté libre de influencias o interferencias indebidas”. Y en los países que han sufrido conflictos armados, han preferido alejarlas de cualquier manipulación política. Por ejemplo Guatemala, dependiente de la Superintendencia de Bancos; El Salvador, adscrita a la Fiscalía General; Honduras, parte de la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. En algunos países del ALBA, como Venezuela, es una unidad especializada adscrita a la Superintendencia de Bancos. En Bolivia es parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos; Uruguay, es adscrita al Banco Central.

¿Cuál es su opinión sobre los planteamientos del sector privado?
Creo que el principal problema es que la Ley pretende ser aprobada en cuestión de horas, para enviarle un mensaje al Gafic de que seguimos avanzando en materia de prevención de lavado de dinero.

¿Se debió hacer consultas con organismos internacionales como sugirió el FMI?
Seguramente, mantener un canal de comunicación con las UAF de la región de Centroamérica o con el Gafic, que es la organización subregional, hubiera ayudado a evitar que se quieran imponer decisiones arbitrarias, que más bien parecen fruto de alguna fricción política que técnica, pero lo mejor hubiese sido trabajar con un poco más de espíritu conciliador y de diálogo con el sector financiero y los ciudadanos de a pie, que es lo que parece que hace falta en este caso. Por ejemplo, la ley toca cuestiones relacionadas con los derechos humanos, sin embargo, la comisión no escuchó a ninguna organización de derechos humanos, ni a universidades, ni a gremios de pequeños empresarios.

¿Se debe tomar muy en cuenta la experiencia de las instituciones financieras en el tema de lavado de dinero?
Las instituciones financieras reguladas por la Siboif (Superintendencia de Bancos) tienen 10 años de estar trabajando en la prevención del lavado de dinero en Nicaragua. Es decir, que se han capacitado y han invertido horas de trabajo y recursos financieros en este tema más que ninguna otra organización o sector en el país. De manera que en esta materia nos llevan la delantera a todos. Ningún otro sector económico ha adoptado más medidas para tratar de prevenir el lavado de dinero. Para darte una idea de lo que quiero decir, el dictamen de la UAF, que lleva ocho años en la Asamblea Nacional, salió con 19 artículos en 11 páginas. En cambio, la primera norma de la Siboif entra en vigencia en 2002, y la actual norma de prevención de lavado de dinero de la Siboif que tiene cuatro años de estar en vigor, tiene 83 artículos, cinco anexos y 188 páginas de normas técnicas, precisas y complejas.