•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El diputado sandinista Douglas Alemán, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dijo ayer que entre los miembros de su bancada hay flexibilidad para escuchar, durante la discusión en plenario, cualquier moción dirigida a reformar los artículos 4 y 9 de la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, que probablemente sea discutida esta semana.

“Por parte de la bancada y del gobierno no hay ningún sofoque ni apuro, ni estamos tampoco cerrados a que no se pueda corregir (los dos artículos de la ley). Si se puede mejorar, hay que mejorarlo, porque esto puede agilizar o entorpecer también la economía del país; y cuando ponés demasiadas trabas, la economía se paraliza”, declaró Alemán.

El parlamentario, que participó en el proceso de consultas sobre esta ley, agregó: “Hay anuencia, no hay sofoque en esto, y más bien, la disponibilidad en la Comisión Económica es que si se podía mejorar, que la mejoráramos”.

Los dos artículos mencionados han sido cuestionados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que considera violan el derecho a la privacidad, a la reputación, el habeas data y la presunción de inocencia de los ciudadanos.

La vicepresidenta de la Comisión Económica del Parlamento, María Eugenia Sequeira, dijo que si el anteproyecto es discutido en el plenario esta semana, su bancada (Democrática Nicaragüense, BDN) aprovechará para presentar mociones a favor de una reforma de los dos artículos.

“Eso no significa que esto no pueda cambiar. En el plenario estos artículos pueden ser modificados a través de mociones. Nosotros ya habíamos presentado nuestras observaciones, pero solo algunas fueron tomadas en cuenta, tenemos otras mociones que ya están listas para ser presentadas en el plenario, especialmente en el artículo 9, que es de sumo interés para los nicaragüenses”, añadió Sequeira.

Ley no puede estar por encima de la Constitución

Por su parte, representantes de organismos de derechos humanos en el país, insistieron que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional no pueden estar por encima de la Constitución Política de Nicaragua, al referirse al proyecto de ley sobre la creación de la Unidad de Análisis Financiero, aunque reconocen el esfuerzo del Estado por querer tener una ley que proteja a los nicaragüenses frente a los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

“Hemos dicho, como defensores de derechos humanos, que una ley no puede estar por encima de la Constitución Política, sobre todo cuando se lesionan derechos individuales. La ley debe crear condiciones y garantías para que el ciudadano no sienta que el día de mañana esto pueda ser una manera de presionarlo y dejarlo en estado de indefensión”, comentó el presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, Marcos Carmona.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Gonzalo Carrión, señaló que ninguna ley puede “redundar en la vulneración de los derechos humanos de las personas”.

“Todo lo que tiene que ver con libertad y los derechos de las personas no puede quedar al arbitrio de ninguna autoridad, o a quien le vayan a dar competencia. En ese sentido, la preocupación que podríamos sumar como organismo de derechos humanos es que toda facultad que pueda menoscabar o limitar derechos, no puede quedar indeterminado”, añadió Carrión.

Oposición: excesiva discrecionalidad

El sector privado nicaragüense cuestiona que esta ley, en sus artículos 4 y 9, deja mucha discrecionalidad para que la UAF pueda investigar a cualquier nicaragüense, aun cuando no exista en su contra sospechas de estar vinculado a lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

La ley “podría utilizarse como una herramienta de presión y de chantaje”, dijo ayer el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Javier Vallejos, quien no descarta que el anteproyecto pueda ser discutido en plenario esta semana.

“No me caés bien o no hacés lo que yo digo y ya, yo creo que deben entender el Ejecutivo y la bancada oficialista que puede haber otros términos, otras maneras en que esto en algún momento no se utilice como una herramienta política o de persecución”, opinó el legislador, que se negó a firmar el dictamen la semana pasada.

“Si sé cuál es la posición del sector privado, nuestra posición es como legislador y como político; sabemos lo que se está tratando de aprobar… Internamente podría causar problemas serios, sobre todo por el exceso de discrecionalidad de la iniciativa de ley”, expresó Vallejos.

El Cosep envió hace semanas sus consideraciones a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, indicando que la UAF debe respetar las atribuciones de la Superintendencia de Bancos (Siboif), para garantizar los derechos de los clientes del sistema financiero que no han sido objeto de un Reporte de Operación Sospechosa, ROS, o un Reporte de Transacción en Efectivo, RTE.