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“El Estado de Nicaragua no quiere pagarles a los trabajadores que despidió en la pasada Administración del presidente Daniel Ortega”, aseguró Álvaro Leiva, Secretario General de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, Fedetrasep, al referirse a la posición de la Procuraduría General de la República, PGR, como representante del Estado, ante la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ.

El pasado 24 de enero, cuatro extrabajadores de la Dirección General de Ingresos, DGI, interpusieron una demanda en contra del Estado, ante la CCJ, por incumplimiento de sentencias judiciales resueltas a su favor, las que mandan al gobierno a pagarles sus prestaciones sociales, después que fueran despedidos durante el anterior mandato del presidente Ortega, y quienes aún no han recibido ni un centavo de sus liquidaciones.

“La posición del Estado es no reconocerles a los extrabajadores lo que en sentencia judicial dice que se les debe pagar, el Estado ya contestó el emplazamiento de la Corte, pero el pago de las prestaciones de los extrabajadores debe darse, y el gobierno tendrá que responder aunque tengamos que ir a todas las instancias posibles”, advirtió Leiva.

CCJ: “Acusación admitida”

El Nuevo Diario llamó en diversas ocasiones al celular y a la oficina del procurador Hernán Estrada, para conocer su versión del caso, pero no contestó, no obstante, en marzo de este año afirmó que se les pagaría las liquidaciones a todos aquellos extrabajadores que cuentan con la ley a su favor, es decir, con una sentencia firme.

Por su parte, el Presidente de la CCJ, magistrado Carlos Guerra, dijo que “el caso fue admitido por la Corte Centroamericana”, pero no dio detalles del mismo, aduciendo que la próxima semana tienen Corte Plena.