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Las organizaciones de mujeres aseguran que la ruta de la justicia para la mujer en violencia intrafamiliar o sobreviviente de agresión sexual, tiene tantas espinas como la corona que Cristo llevaba antes de su crucifixión, pues el proceso las lleva a revivir más de una vez el traumático suceso.

La víctima debe ir a la Comisaría a poner la denuncia, luego a Medicina Legal, seguir con la trabajadora social o con la psicóloga, para continuar con el procedimiento del Ministerio Público.

Psicológicamente, el proceso resultaba tan horrendo como la mala experiencia vivida, según algunas consultadas, sin embargo, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer o Ley 779, espera dejar todo esto atrás.

Aunque dicha Ley entrará en vigencia en las próximas semanas, desde ya se está comenzando a poner en práctica el nuevo Modelo de Atención Integral, MAI, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Aecid, y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. El objetivo es reproducir el modelo en todo el país.

Un paso más

La comisionada Carmen Poveda, jefa de la Comisaría de la Mujer en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, expresó que antes la víctima tenía que interponer la denuncia ante las oficiales, para luego, con todo su dolor por la violencia sufrida, ir a Medicina Legal a repetir la experiencia, y después hacer los trámites correspondientes en el Ministerio Público, donde a veces los funcionarios no estaban, por eso hubo quienes desistieron de la denuncia, y el caso terminó en impunidad.

“Un proceso que podía durar hasta cuatro días, en ocasiones, ahora se logra en 90 minutos como promedio. Lo que pasaba antes era una ruta larga y a veces lejana. Con este proyecto piloto de MAI, se pretende que en el mismo espacio estructural estén las principales instancias que tienen que ver con el proceso investigativo, desde la intervención primaria hasta el proceso de acusación”, especificó.

Según la comisionada Poveda, el MAI comprende la atención de varias instituciones a su vez. En las denuncias graves, una investigadora preparada en psicología, aborda a la víctima y hace la entrevista única en la llamada Cámara Gesell.

La mencionada cámara es una habitación acondicionada para permitir la observación sin que la denunciante perciba la presencia de otros y se sienta incómoda ante su situación. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de la entrevista. Para esto hay un cuestionario con las preguntas pertinentes del caso.

“El modelo establece incluso diferentes preguntas, dependiendo de la situación y en especial en el abordaje de niños o niñas abusadas sexualmente, cuya atención debe ser especial. Con esto se podrá grabar la entrevista, estableciendo que la víctima no esté en el juicio, ni frente a su agresor. Por tanto, estamos viendo la manera en que las pruebas digitales se incorporen como elemento de prueba”, comentó la jefa de la Comisaría de RAAN.

Instituciones involucradas

El modelo está integrado por las instituciones de la Ruta Crítica de Atención, llámense Comisaría de la Mujer y Niñez, Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Salud y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este contó con la asistencia técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas, en el marco de la ejecución del Programa Regional de Justicia y Salud, con el apoyo de Aecid, PNUD y OPS.

Entre las ventajas del MAI es la optimización de recursos, la articulación del quehacer de las instituciones referidas. Todo con vista a la mejora en la atención de las víctimas, disminuye el tiempo de resarcimiento de daños, la recuperación emocional, preserva las pruebas y disminuye la victimización secundaria o revictimización.

Uno de los aspectos secundarios es que esto genera mayor confianza de las víctimas de violencia, hacia las instituciones involucradas, pero principalmente incide en la disminución del trauma por el delito sexual, influye en un mejor tratamiento sicoterapéutico y prioriza el valor del relato psicológico sobre la prueba física.

Uno de los pasos a seguir para su implementación está enfocado en la capacitación del personal técnico, el establecimiento de compromisos y convenio de coordinación y colaboración de las instancias que participen en el mismo.

El reto de replicar la experiencia

Milú Vargas Escobar, codirectora del proyecto “Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género”, de la Aecid, y la OEI, espera que el proyecto piloto se replique y eso será un reto para el país.

“Este es un proceso que se irá realizando con el tiempo, y por ello esto no significa que tiene que suceder este año o el otro, pero sucederá, por ser una iniciativa que nació de la necesidad de atender y proteger a las víctimas de violencia de género y garantizar el derecho fundamental de respetar la integridad física, psíquica y moral de las personas”, señala.

El MAI se pretende implementar próximamente en León y en Managua. Según el Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, en Bilwi comenzó a funcionar el primer modelo, con la consideración que se reproduzca en toda la nación.

“El proyecto fue hecho con fondos de la Cooperación Española. Habría que ver si hay disposición de nuevos mecenas para que sigamos adelante”, dijo el doctor Centeno.

Se calcula que se necesitaron US$170,000 para la rehabilitación del centro de atención integral de Bilwi.

Un complemento, siempre inmerso en el proyecto, fue la remodelación del albergue del Movimiento de Mujeres “Nidia White”, el cual brinda atención integral y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

La Cooperación Española

El Embajador de España, León de la Torre Krasi, destacó que el compromiso con Nicaragua se extiende a la implementación y puesta en práctica de la nueva ley contra la Violencia contra la Mujer.

“Seguiremos apoyando a la Corte Suprema, al Ministerio Público y la Policía Nacional. En el proyecto en concreto se han invertido alrededor de US$1.5 millón. En la RAAN se han invertido US$300,000 en actividades específicas”, puntualizó.

La Cooperación Española está invirtiendo en un modelo similar en Managua; en Waspam, otras agencias como la proveniente de Cataluña también lleva proyectos contra la violencia hacia la mujer y apoyan a la Comisaría de la Mujer, en el caso de Andalucía impulsa acciones en la zona de Bluefields, además, hay ONG españolas que apoyan en Jinotega y Matagalpa, en el Cua, el Tuma-la Dalia, mientras agencias como Médicos del Mundo ayudan en Chinandega y Matagalpa.

Avance sustancial que deberá sostenerse

Lorna Norori, representante del Movimiento contra el Abuso Sexual, MCAS, especifica que la Ley 779 está dirigida exclusivamente para mujeres, y el logro fundamental es el reconocimiento del femicidio como un delito, siendo esto un avance sustancial al ser institucionalizado por ley.

Comentó que como consultora en el tema, una de las creadoras de la Ruta Judicial y el protocolo de atención institucional que se implementó en 2004, el hecho de que ahora haya una Ley para definir ese mismo protocolo de atención, para decir cuál es la ruta y cómo debe atenderse la violencia entre las mujeres en la ruta judicial, es imprescindible.

“Con el nuevo protocolo nadie va a poder aducir desconocimiento de la ley, por tanto es un punto importante para que el Estado se preocupe de que todos sus operadores judiciales la conozcan. Esta ya es ley a acatar, y tiene que ver con su quehacer cotidiano, no un protocolo o un documento que me dieron en un taller de capacitación”, destacó.

Norori señaló que durante su labor como capacitadora se dio cuenta de que policías, judiciales y fiscales, aun el año pasado, tenían mucho desconocimiento del texto del protocolo de atención, y algunos aseguran que nunca lo habían visto en su vida.

Señaló que la poca efectividad del anterior modelo estuvo propiamente en esto: en la falta de un proceso pertinente para dar a conocer el protocolo y no hubo suficiente voluntad.

“La capacitación, y en especial la concientización o cambio de mentalidad de los operadores de justicia es primordial para la efectividad de cualquier ley. Ahora, otro aspecto muy importante por resolver, y que no tiene que ver con el protocolo de atención, es que podemos tener una ley muy bien elaborada, pero fundamental es que hayan tanto recursos económicos como voluntad política, para que se implemente y se haga con enfoque de derechos humanos”, dijo Norori, apuntando como un referente de leyes sin inversión al Código de la Niñez y la Adolescencia.

“Ahí está. Una de las mejores leyes de este país, pero su inaplicabilidad tiene que ver con falta de voluntad, y con la ausencia de recursos. Me gustaría saber cuánto destinará el Estado para la instalación de las cámaras de Gesell, cuántas se construirán y cuánto destinarán para su mantenimiento, porque son caras. Hablamos de infraestructura especial, todo para recabar la información necesaria y no revictimizar a la mujer o la niña agredida”, expresó Norori.