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Los señalamientos de supuestas torturas y abusos de fuerza por parte de la Policía Nacional para obtener información, surgidos recientemente tras el caso de Henry Fariñas, quien mantiene prisión bajo la acusación de realizar actividades del crimen organizado internacional, son considerados por retirados y miembros activos de la institución del orden público como una campaña de desprestigio para enlodar el trabajo policial y evadir la justicia.

El comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía, señaló que si bien las celdas preventivas carecen de condiciones, el personal con el que cuentan está altamente calificado, tanto en cursos nacionales como internacionales, cuyo eje transversal es el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las personas libres de cargo o detenidas.

“Podría ser considerado como una forma de tratar de crear confusión, de tratar de evadir la responsabilidad. Pero la Policía no trabaja con especulaciones, con lo que se dice que se dijo, sino que se trabaja con evidencias, que es lo que le da valor en el juicio, y eso es lo que importa”, refirió Borge.

Por su parte, el ex subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, señaló que esta no es una institución que realice la tortura como un método esquemático de trabajo, aunque sí reconoció que puede haber ocasionalmente algunos abusos que son totalmente aislados, pero que no corresponden a la política de la institución.

“Es muy común cuando un acusado es procesado y llevado a los tribunales, que el acusado diga ‘me pegaron o me obligaron a decir tal cosa’. Por eso hay que prestar oídos con prudencia a ese tipo de señalamientos que no son fiables”, dijo.

Cautela con acusaciones

En tanto, el exdirector de El Nuevo Diario, doctor Danilo Aguirre Solís, recomendó que hay que tener mucha cautela en el manejo de las acusaciones contra la Policía, ya que se pone en peligro la credibilidad de la institución, lo cual puede debilitar la lucha contra delitos serios como el narcotráfico y el crimen organizado.

“En el caso de la lucha contra el crimen organizado, hay que tener mucho cuidado. Es cierto que la preservación de los derechos humanos debe ser de una permanente preocupación de las organizaciones, pero hay que tener mucho cuidado del grado de credibilidad que puedan tener ese tipo de denuncias”, advirtió.

En ese sentido, el comisionado mayor Fernando Borge llamó a los medios de comunicación a no ser voceros de los ataques contra la institución, que pretenden afectar la imagen, credibilidad y confianza de la Policía.

“Debe ser de preocupación que si un medio se presta a ser vocero o a ser eco de ataques en contra de la institución, prestándose prácticamente a defender personas que claramente están vinculadas con el crimen organizado, que claramente está determinado que han cometido actividades delictivas que atentan contra la sociedad, deberían más bien estar fortaleciendo el trabajo, los resultados de la institución que ha dado muestra de su arduo trabajo”, exhortó.

Tras las denuncias por supuestos actos de tortura, la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, de la Policía Nacional, comisionada general Glenda Zavala, desmintió tales señalamientos, y aseguró que son “métodos del crimen organizado para afectar la institución policial”.

Se deben investigar

El general en retiro Hugo Torres dijo que si bien las torturas no son parte de la política del trabajo policial, se deben investigar los señalamientos cuidadosamente

“En todas partes se trata de restarle crédito a las acciones de la Policía. Los ciudadanos debemos estar muy alertas alrededor de cómo se maneja la Policía en sus actuaciones, pero también mucho cuidado, puesto que el crimen organizado trata desacreditar y descalificar a la Policía”, expresó.

En declaraciones recientes, el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Mauro Ampié, confirmó que Nicaragua es firmante de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y también de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos delitos están tipificados en el Código Penal.