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Entre las fotos que hay en la pared del bar de su casa sobresale un cuadro con una portada del diario Barricada de los años 80. “Estas bestias no volverán”, se lee en el gran titular y debajo las fotos de los principales líderes de la contrarrevolución, entre ellos él, Adolfo Calero Portocarrero.

Calero, quien se auxilia con un bastón mientras pasa revista a los recuerdos gráficos de su época como máximo jefe de la Contra, sonríe al volver a ver la primera plana del ya desaparecido periódico oficial del Frente Sandinista, FSLN. “Es un recuerdo que me dio un amigo”, comenta. “Eso demuestra los valores que tenía toda esa gente”, opina después sobre el contenido del titular.

A pesar del pronóstico de sus adversarios, de que nunca más volvería a Nicaragua, regresó a este país en marzo de 1988 para negociar con el gobierno sandinista el fin de la guerra. Tres y medio años más tarde también volvía a su casa en Managua, la misma que le habían confiscado a principios de la década de 1980 tras irse a Estados Unidos.

En la época insurreccional, que culminó con la caída de Somoza en julio de 1979, Calero era un político conservador muy activo en el Frente Amplio Opositor, FAO, organización cívica que tuvo contradicciones con el FSLN desde entonces, por el tipo de gobierno que pretendía instaurar al desaparecer la dictadura.

Llegaron a tanto las fricciones que, a finales de 1978, Calero se reunió de forma clandestina con el comandante sandinista Bayardo Arce Castaño, en una casa de Ramiro Sacasa Guerrero, en Managua, para delimitar operaciones.

El acuerdo que alcanzaron esa noche consistió en “no nos hostiguemos, no nos obstruyamos el uno al otro”, afirma Calero, quien todavía guarda en su mente la imagen de Arce disfrazado con una peluca blanca. “Acordamos que el FAO iba por un lado y los sandinistas por otro”, aunque el propósito de ambos era el mismo: botar a Somoza.

Esas contradicciones, que en la lucha antisomocista podían parecer caprichos de figuración, se volvieron grandes y decisivas para el futuro de Nicaragua tras el 19 de julio de 1979. “Ellos (el FSLN) querían botar a Somoza y nosotros queríamos botar a Somoza, pero sustituirlo con un gobierno democrático y hacer elecciones. Esa era la diferencia. No queríamos instalarnos en el gobierno y hacer una nueva dictadura, como hicieron los sandinistas”, explica Calero 30 años después, ya retirado.

En junio de 1979, Calero percibió que el fin del régimen somocista era cuestión de semanas o días: “Los sandinistas estaban fuertes porque tenían el apoyo del pueblo, los sandinistas fueron los que jefearon la revuelta, pero no eran suficientes para haber botado a Somoza… A Somoza lo bota la falta de recursos, la falta de tropas y el concurso del pueblo nicaragüense. El pueblo fue el factor principal”.

Somoza revela en sus memorias, Nicaragua traicionada, que al arreciar los combates con los guerrilleros a principios de 1979 compró un lote de armas y municiones a Israel, pagado por adelantado. Sin embargo, el barco con el cargamento nunca llegó a puertos nicaragüenses porque, “debido a la presión extrema que ejercieron los Estados Unidos, Israel tomó la decisión de hacer volver el barco”.

Además, “los Estados Unidos rehusaron constantemente venderle a Nicaragua granadas antitanques o antipersonales que pudieran ser disparadas mediante un rifle… Cuando (el presidente Jimmy) Carter dice que los Estados Unidos no jugaron ningún papel en la muerte de mi gobierno, y cuando dice que él no tenía conocimiento de violación ninguna del Derecho Internacional, él miente”, se quejó Somoza.

Ignoran a la OEA

Ya en revolución, Adolfo Calero se encontró de nuevo con Bayardo Arce en una recepción en la Embajada de México, y aprovechó para decirle que el FSLN estaba haciendo lo mismo que Somoza, que los comandantes sandinistas en los departamentos concentraban el poder como los comandantes de Somoza en su tiempo; eran los jefes de todo por encima de alcaldes o cualquier autoridad civil.

“¿Y qué querés que hagamos, si eso es lo que sabemos nosotros?”, habría respondido Arce ante el reclamo de quien veía mal que “el comandante local (del FSLN) era el que ordenaba todo y todo pasaba por él, no había decisiones civiles, no había nada más”, y consideraba eso como “una nueva dictadura militar”.

Dos años después de instaurado el gobierno sandinista, el Partido Conservador Demócrata de Nicaragua, PCDN, del que Calero era secretario político, sacó un manifiesto para denunciar al mundo que el FSLN había violado la Resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, del 23 de junio de 1979, que condujo a la renuncia de Anastasio Somoza Debayle.

Esa resolución establecía, como solución al conflicto bélico, el reemplazo de la dictadura por un gobierno democrático, “cuya composición incluya los principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleje la libre voluntad del pueblo de Nicaragua”, mediante la “realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un gobierno auténticamente democrático, que garantice la paz, la libertad y la justicia”.

Calero, quien viajaba con frecuencia a Estados Unidos como gerente de Coca Cola en Nicaragua, se reunió con el general hondureño Gustavo Álvarez, en agosto de 1982, en Washington. Álvarez, jefe del Ejército de Honduras, ya tenía la petición del Gobierno estadounidense de ayudar a organizar bien el movimiento armado antisandinista.

Sin embargo, dudaba de dar supremacía a los ex guardias nacionales, GN, que se habían refugiado en Honduras y trataba de conocer gente civil dispuesta a dar la cara por la Contra. Por eso buscó la reunión con Calero. Después, aunque la Contra fue dirigida en el terreno por el coronel GN Enrique Bermúdez, Calero conservó el mando superior. “Yo era el que manejaba los reales, el que manejaba los acuerdos con los gringos, el que manejaba todo, pues, era yo”, precisa.

En octubre de 1982, cuando Calero intentó viajar de Managua a Atlanta el gobierno sandinista se lo impidió. En Migración le dijeron que su pasaporte había quedado inválido por una rotura, pero se fue en diciembre de ese año y no volvió más, hasta en 1988, para sentarse en la mesa de negociación con el general Humberto Ortega Saavedra, en Sapoá, frontera sur de Nicaragua.

Sabía que en cualquier momento sería detenido por la Seguridad del Estado, porque su partido continuaba denunciando anomalías del gobierno sandinista, como esta: “Confiscó catorce empresas de propiedad privada, con violación del derecho de propiedad y del derecho de defensa legal, consignados en los artículos 11, 27 y 50 del Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses”.

Al celebrar el segundo aniversario de la revolución, el 19 de Julio de 1981, el Gobierno emitió el decreto 763, que aplicaba la pena de confiscación de todos los bienes de quien fuera condenado como contrarrevolucionario, un “nuevo delito que tiene en muchos casos clara connotación política, afectando en esta forma a la familia del condenado”, reclamó el PCDN.

Las primeras armas de la CIA
La oficina de Adolfo Calero, en su casa de Bolonia en Managua, está repleta de documentos históricos y libros. Allí invierte parte de su tiempo, entre la lectura y la escritura, porque también se sienta ratos frente a la computadora para ordenar ideas. No lo admite, pero es probable que esté escribiendo sus memorias.

Julio Romero, su asistente, está siempre pendiente de él. Pone a su alcance los papeles o le ayuda a trasladarse dentro de la casa, porque padece un problema en la columna. Lo curioso es que Julio fue un oficial del Ejército sandinista que combatió contra las fuerzas de la Contra, de las que Calero era el jefe supremo. Si hay un detalle que puede mostrar con intensidad cómo cambió Nicaragua después de 1990, cuando retornó la paz, es ese vínculo de confianza que surgió entre Adolfo y Julio, el ex jefe contra y el ex militar sandinista.

“Nosotros no negociamos la paz, la paz fue impuesta”, afirma Calero al comentar el final de la revolución sandinista. Todavía lleva el mal sabor que le dejó el desenlace de la relación entre la Contra y el Gobierno de Estados Unidos. “Los gringos nos zafaron el hombro”, se queja, al recordar que las últimas ayudas económicas solicitadas fueron rechazadas por el Congreso norteamericano.

Cuenta que la primera justificación para formar la contrarrevolución nicaragüense, acordada con el Gobierno de Estados Unidos, fue “obstaculizar el flujo de armas de Nicaragua a El Salvador… Esa es la excusa, porque prohíben (los EE.UU.) ayudarle a un grupo armado cuyo propósito sea botar al Gobierno”.

Era estrecha la relación del FSLN con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador, y Washington denunció varias veces que había trasiego de armas desde Nicaragua para la guerrilla salvadoreña.

El Comandante de la Revolución, Bayardo Arce Castaño, dijo en 1984 a periodistas europeos que el gobierno sandinista mantenía “una absoluta solidaridad con el movimiento revolucionario salvadoreño” y hasta “les hemos prestado nuestra silla en la ONU, nuestra voz en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad… Cuando han pasado por nuestro país les hemos hecho sentirse como en su propia casa”.

“En 1983 la CIA (Central de Inteligencia Americana) es la que suministra rifles (a la Contra), rifles Mauser de la Segunda Guerra Mundial, después rifles Fal, que era el arma de reglamento de la OTAN”, confiesa Calero, quien recibió el respaldo del presidente estadounidense Ronald Reagan, electo en noviembre de 1980.

La Contra, con campamentos en Honduras, disponía de pocas armas en esa época, para equipar a campesinos que huían de territorio nicaragüense y deseaban pelear contra el régimen sandinista.

“Yo les pregunté a muchos de ellos (campesinos) por qué se iban de Nicaragua”, relata el ex jefe de la Contra. “Lo principal era por la persecución a la Iglesia, por la falta de libertad, que no podían sembrar lo que querían, que no podían hacer lo que querían… El campesino es el primero que reacciona, el campesino es el ser más conservador que hay en nuestro país; aunque no sean conservadores de partido, son conservadores de espíritu, de manera de ser, y el campesino reacciona rápido y es de armas tomar, el campesino ha sido el protagonista de todas las revueltas que ha habido en Nicaragua”.

“Con palos entrenaban”, dice Calero al describir el inicio del alzamiento campesino que apoyó a la Contra. “Después llegamos a tener falta de armas, teníamos más gente que llegaba, te estoy hablando del 83, 84. En 1984 todavía no habíamos llegado a superar el déficit de armas, porque sigue llegando la gente”.

El jefe del Ejército sandinista, Humberto Ortega Saavedra, aseguraba a mediados de 1984 que los planes de la contrarrevolución habían sido derrotados. “La fuerza enemiga se mantiene, pero su calidad es menor, porque los guardias que estaban bien entrenados han muerto, han caído prisioneros o simplemente han desertado”, dijo.

Ortega también mostraba su confianza en que la revolución contaba con 200 mil hombres organizados en las milicias y en la reserva militar, lo que significaba “darle a cada nicaragüense un fusil para que pueda defenderse”.

El Congreso de Estados Unidos suspendió la ayuda a la Contra a fines de 1984, tras confirmar que la CIA había participado en el minado de algunos puertos nicaragüenses. Sin embargo, afirma Calero, “Reagan nos consiguió 30 millones de dólares en Arabia Saudita, entonces ya nosotros comprábamos nuestras propias armas y conseguíamos precios mucho más bajos de los que podía conseguir el Gobierno de Estados Unidos”.

La Contra logró reunir 22 mil hombres en armas y se proponían llegar a 25 mil, según su jefe máximo, quien señala, como muestra de la capacidad alcanzada, que en 1987 se apoderaron y mantuvieron por más de un día la carretera a El Rama, la vía que une al Pacífico con el Caribe en Nicaragua. Luego, “después que (el presidente Daniel) Ortega sale diciendo en un discurso que se acabó la Contra, al día siguiente entran (los contras) a La Trinidad; entraron, departieron con la gente, les dieron café negro, visitaron las casas y se fueron”.

Basta, dicen EU y la URSS
Doce congresistas republicanos le dieron la espalda a la Contra el 3 de febrero de 1988, al votar junto a una mayoría demócrata contra una solicitud de apoyo financiero para la Resistencia Nicaragüense, el nuevo nombre que había adoptado el movimiento armado antisandinista.

“Perdimos por cuatro votos. Eran 300 millones (de dólares) los que nos iban a dar”, lamenta todavía Adolfo Calero. “Si con 100 millones los volvimos locos (a los sandinistas), con 300 millones los hubiéramos acabado… Hubo 12 republicanos que votaron en contra. Veían que esta era una cosa que no tenía fin, pero los republicanos mantuvieron el grueso; hubo 12 de los 200 y tantos congresistas republicanos que los indilgaron como ‘la docena sucia’, sus mismos colegas”.

Mes y medio después de esa derrota en Washington, Calero estaba frente a frente con el general Humberto Ortega, en Sapoá, para negociar el cese al fuego. Las pláticas al más alto nivel eran una iniciativa del gobierno sandinista, anunciadas de forma oficial el tres de marzo de 1988.

“Ya había cansancio”, admite Calero, quien nació en diciembre de 1931. “Cuando yo llegué a Sapoá, yo llegué decidido a firmar el cese al fuego, yo consideraba que la guerra ya era innecesaria, que no nos iba a llevar a ninguna parte, de que no iba a haber una conclusión feliz, porque cuando nosotros teníamos la fuerza para haber derrotado a este régimen, los gringos nos zafaron el hombro”.

Se refiere a la decisión del Congreso norteamericano de cerrar el flujo de ayuda a la Resistencia. También reconoce que las pláticas entre Washington y Moscú, que cobraron fuerza en 1987, pesaron mucho. “En el 88 los rusos ya le cantaron cero a los sandinistas; y los gringos, por otro lado, también ya quieren salir de nosotros. A nosotros no nos entregan los gringos, pero tampoco nos permiten un cese, o una conclusión como la hubo en El Salvador, donde el FMLN pudo negociar la paz. Nosotros no negociamos la paz, la paz fue impuesta”.

En Sapoá, el general Ortega confesó a los jefes de la Resistencia que el Frente Sandinista manejaba dos discursos, el verdadero que él, como jefe del Ejército, usaba en esa reunión, y el discurso para consumo popular, al cual no debían prestar atención. “Estas expresiones vinieron a relajar el ambiente y a facilitar el diálogo fluido”, confiesa Calero, quien asegura que ya no carga con ningún rencor político.

La presión hasta el final

Los presidentes de Centroamérica, reunidos en Guatemala el siete de agosto de 1987, logran que Daniel Ortega firme el “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera” en la región, lo que se conoce como Esquipulas II o Plan Arias, porque su impulsor fue el mandatario costarricense Oscar Arias. Entre los compromisos que asumía Ortega estaban la apertura de diálogos con los opositores, democratización del país y hacer elecciones libres.

Adolfo Calero Portocarrero mantiene aún la convicción de que la Contra era “lo único que los sandinistas respetaban, la fuerza de las armas”; y que la presión de esta fuerza irregular también obliga a Ortega a firmar los Acuerdos de Esquipulas.

“De no haber sido por la Contra, quién sabe qué hubiera sucedido aquí”, expresa con firmeza. “Eso sí lo respetaban ellos, era un dique que frenaba la consolidación del régimen sandinista en Nicaragua” y también “frena la expansión en Centroamérica, porque si se acuerdan (de la consigna) ‘Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá’… El dique que detiene esa expansión es la Contra, luego desmonta el proyecto dictatorial en Nicaragua”.

La presion hasta el final