José Adán Silva
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se enfrascaron ayer en una batalla pública con argumentos a favor y en contra del golpe de Estado que un tribunal de Apelaciones dio a la función del Poder Legislativo.

El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, respaldó la rapidez con que magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua aceptaron un recurso de amparo contra el rechazo al veto que impusieron los diputados de la Asamblea Nacional, pero no quiso opinar sobre el fondo del asunto y criticó que otros magistrados de la CSJ, como el sandinista Rafael Solís, emitieron juicios antes de conocer el caso a fondo. No supo explicar cómo un recurso contra lo administrativo puede paralizar la acción de un Parlamento.

Los disparos de Solís

Solís, Vicepresidente de la CSJ, dijo esta semana que la ley de rechazo al veto sobre los CPC quedará vigente porque la Asamblea Nacional no puede negarse a obedecer la orden judicial del Tribunal de Apelaciones, que manda a suspender la publicación de dicha ley hasta que se resuelva el recurso de amparo interpuesto.

Una extraña confusión

“No puedo adelantarme, soy presidente de la CSJ y presidiré la Corte Plena para resolver este o cualquier recurso de inconstitucionalidad y no puedo emitir criterio, pero sí sostengo que los jueces y magistrados son independientes”, insistió el magistrado.

Al doctor Martínez se le olvidó que el recurso no fue por inconstitucionalidad, en los que no se puede parar la vigencia de la ley, sino un simple amparo que no va a Corte Plena, sino a la Sala Constitucional de la CSJ, cuando es legítimo, y no una aberración como la que hicieron Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y Perla Arróliga.

Lección de Cuarezma

Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y Perla Arróliga, dieron trámite rápido (63 minutos) al recurso de amparo introducido por varios miembros de los CPC, y ordenaron al presidente de la Asamblea, René Núñez Téllez, abstenerse de publicar la ley, desmadrando todo el sistema jurídico de Nicaragua, desde la teoría de Montesquieu, hasta al llamado ParlaMENTIRISMO.

Contraria a la posición ambigua de Martínez fue la postura del magistrado Sergio Cuarezma Terán, quien criticó la rapidez con que el Tribunal de Apelaciones amparó a los simpatizantes de los CPC del gobierno sandinista, aunque no se atrevió a cuestionar el fondo.

“El Poder Judicial en el ámbito de las apelaciones ha venido teniendo un comportamiento en algunos casos ajustados en el marco de la constitución y las leyes, y en otros ha actuado de manera interpretativa, pero ha actuado de forma diferente a como ha actuado en otros casos”, dijo el magistrado.

“Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones falló en 63 minutos, espero que los demás Tribunales de Apelaciones de ahora en adelante sigan fallando en el marco de los 63 minutos, lo que no puede ser es que hoy fallen en 63 minutos y luego fallen dentro de cinco semanas”, dijo Cuarezma.

“Lo que no puede ser es que en el ámbito del Poder Judicial hayan recursos de inconstitucionalidad que llevan tres años y otros se resuelven en 24 horas, este tema lo veo como un desafío para el Poder Judicial, para orientar, encausar y ordenar su actuación sin el perjuicio de respetar las decisiones de cada juez y magistrado, que son individualmente responsables”, insistió Cuarezma.

Una opinión sensata

Una postura más reservada y discreta asumió la magistrada Yadira Centeno, del FSLN, quien dijo que habría que esperar a que llegue el caso a los magistrados de la Corte para analizarlo con objetividad e independencia “sin prisas ni presiones”.

Cuestión de sabores

Su colega del FSLN, la ex juez Juana Méndez, criticó irónicamente a los periodistas cuando éstos le preguntaron si no pensaba ella que dejaba un mal sabor a la ciudadanía que el TAM resolviera tan rápido a favor del gobierno y paralizara una acción legislativa.

“No sé quien tiene una forma de medir el mal sabor o el buen sabor de las actividades del Poder Judicial, sólo puedo decir que las leyes son para que todo mundo las aplique y en este caso me parece que el procedimiento estuvo acertado y en el marco de la legalidad”, dijo Méndez, quien reiteró que de todos modos la CSJ deberá resolver el caso “a su debido tiempo”.

Increíble: lo administrativo es la publicación

Igual defensa hizo de la actuación del TAM el magistrado sandinista Marvin Aguilar, quien advirtió a los diputados que si mandan a publicar la ley estarían violando la Constitución Política: “El TAM actuó bajo la legalidad, porque eso de mandar a publicar una ley es un trámite administrativo y contra todo acto administrativo cabe un amparo”, alegó, sin que ningún rubor asomara en su cara ni le temblara el título de abogado que cuelga en su despacho.

Y mientras los argumentos de los llamados magistrados iban de uno a otro lado, el general de Ejército Omar Halleslevens y el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, tomaban prudente distancia de la discusión.

De instrumentos y tarimas

“En Nicaragua existen claramente definidos los papeles que juega cada instrumento de este Estado, y hay una situación que está siendo manejada por esos instrumentos, y nosotros como institución vamos a respetar lo que esos instrumentos determinen. No emitimos opinión alrededor de lo que se está dando en la tarima nacional, como ustedes conocen nosotros somos apolíticos y preferimos guardar distancia de esos temas”, dijo el general.

Mientras tanto, el fiscal Centeno dijo que como nicaragüense le preocupaba una posible crisis institucional, pero prefería mantenerse al margen por respeto a las instituciones.