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La corrupción en las direcciones del Registro Público de la Propiedad, Inmueble y Mercantil, auditadas por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que le ha costado el puesto a 15 funcionarios, entre ellos dos registradores, es abordada a fondo por la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, en entrevista con El Nuevo Diario.

La titular del Poder Judicial detalla los casos de corrupción en registros como el de Chontales, considerado uno de los más irregulares.

También se refiere a un hecho de corrupción descubierto en la Oficina de Control de Notarios, y a casos investigados por la Policía, de cuyas pesquisas, inexplicablemente ella no ha recibido información.

Doctora, la Corte Suprema de Justicia ha estado muy activa en las últimas semanas en los registros de la propiedad, principalmente, en el caso de Bluefields. ¿Qué pasará con los funcionarios que han salido o que vayan a salir mencionados en actos irregulares?

Desde hace año y medio, aproximadamente, el Consejo Nacional de Administración, en vista de una serie de irregularidades que se estaban denunciando --tal vez no denuncias formales, pero sí en los periódicos--, se decidió hacer una investigación en los registros.

Iniciamos por uno de los registros que estaba siendo más cuestionado en ese momento, que es Chinandega, y allí fuimos (encontrando) una serie de problemas.

(Se llevaron a cabo) auditorías no solo financieras, sino funcionales, cómo estaban funcionando, si estaban cumpliendo el procedimiento, si estaban llevando bien el libro diario, que es una de las grandes preocupaciones, porque el diario establece las prioridades en el orden de entrada de los documentos en el Registro.

Managua fue uno de los primeros (registros), y paralelamente íbamos implementando el Plan Rezago Cero, porque uno de los grandes problemas también era el retardo en la inscripción, y esto es, principalmente, una de las causas de la corrupción, porque te van atrasando, te van atrasando la inscripción del documento para que al final vos te aburrás y comencés a “soltar”.

Al aplicar el Plan Rezago Cero ya nosotros podíamos garantizarles a las personas un mínimo de tiempo, tal vez no que iba a entrar el documento hoy e iba a salir a los dos días, pero sí un mínimo de tiempo de inscripción, porque estaban saliendo los documentos con seis meses y hasta ocho meses, lo cual es muchísimo tiempo, aquí en Managua, sobre todo.

Pusimos al día el Registro y después les dijimos: “Vamos a implementar el Plan de Agilización”.

Establecimos una norma para cada funcionario, una norma de lo que diariamente está obligado a sacar, y después que cumpliera con esa norma ya se podía dedicar al agilizado, y entonces el que trabaja en agilizado gana un porcentaje extra.

Pero tiene que cumplir con lo ordinario …

Primero tiene que cumplir con una norma del ordinario, el ordinario es la prioridad. Tiene que cumplir con esa norma, porque si no, todo sería agilizado y no es correcto.

En Managua no hubo mayores problemas en cuanto al personal. Donde encontramos grandes problemas fue en Chinandega; allí tuvimos que destituir al Registrador, allí fue donde por primera vez encontramos a un Registrador que no inscribía los documentos en el Diario, que los tenía en su gaveta, y los anotaba en su agenda, que cobraba al margen de la tasación y de la caja que existe en el Registro.

Allí hubo destituciones, ese fue el primer Registro donde hubo destituciones. El otro registro donde hubo destituciones --y allí fue prácticamente todo el personal--, fue en San Carlos, Río San Juan.

Ese era un desbarajuste total, un desastre, allí nada se llevaba en norma, todo estaba fuera de lugar absolutamente todo, era inauditable totalmente.

Los libros estaban fuera del Registro, se los llevaban a sus casas, incluso, a nosotros nos dijeron que antes de que nosotros llegáramos, incluso ya la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía estaban trabajando en eso, pero nunca nos dieron ningún resultado de la investigación.

Nosotros destituimos a las personas, pusimos gente nueva, mandamos a gente de Managua para que reoganizara ese Registro, pero el resultado de la investigación se paralizó, no sabemos en base a qué.

El siguiente con resultados parecidos aunque menos desastroso fue el Registro de Chontales; allí también le tuvimos que seguir un proceso disciplinario al Registrador y lo destituimos. En este caso, porque él permitía que tres personas que eran subordinados de él llevaran el registro e hicieran lo que les diera la gana.

Él se desatendía del Registro y lo dejaba prácticamente en manos de estas personas, y cuando nosotros le mostramos las pruebas de lo que estas personas estaban haciendo, él no lo creyó, dijo que no era cierto, pero era verdad. O sea, estaban subvaluando los documentos para cobrar menos, pero eso de cobrar menos es un decir, cobraban menos, pero la diferencia les daba a ellos.

La misma boleta la usaban para diferentes documentos, reciclaban boletas, porque usted sabe que la boleta va adjunta al documento para poderlo inscribir, entonces se la quitaban a uno y se la ponían a otro.

Hacían cosas muy feas y él no tenía ningún control del Registro, y por eso lo quitamos. En este caso yo ni siquiera creo que él era corrupto, sino que permitió la corrupción de otras personas.

El cuarto (registrador destituido) fue este de Bluefields, porque lo que está saliendo ya usted lo ha reportado, es terrible, la venta de propiedades del Estado, las subvaloraciones de bienes, la evasión no se inscriben tampoco en el Diario, se borran, se cancelan escrituras con rádex (corrector); o sea, la inseguridad jurídica total.

El Registro es para dar seguridad jurídica. Nosotros tenemos en nuestro Plan Estratégico decenal, ese eje (que ya) lo teníamos desde el plan anterior.

De manera que tenemos que darle cumplimiento a algo que nosotros estamos ofreciéndole al público, al pueblo de Nicaragua.

¿Sólo en los casos de San Carlos y Bluefields se ha considerado que las acciones de esos exfuncionarios han rayado en actos delictivos?

No, también en Chinandega. En San Carlos yo sé que estaba la Policía, la Procuraduría, estaba el Ministerio Público y no sé qué pasó después.

Ellos iban a mandar a partir de hoy (el jueves de la semana pasada) a alguien de la Policía Económica. Yo sé que ellos (la exregistradora de Bluefields y su esposo) han estado viniendo aquí, su esposo, que es un comisionado o excomisionado de la Policía, ha venido a pedir que no se siga con esa investigación.

Yo no los he recibido. Yo no puedo prometer nada, yo lo que dije es que yo pasé eso a la Fiscalía y a la Policía.

La investigación judicial, para judicializar el caso, tiene que ser de la Policía y de la Fiscalía, no la puedo hacer yo, porque ya el Poder Judicial no investiga.

Entonces, nosotros, la única investigación que podemos hacer es la administrativa, que concluye con la destitución. La otra es obligación de hacerla (de) la Policía y (de) la Fiscalía, y nosotros ya enviamos la carta y pusimos la denuncia.

¿Ha sabido de presiones, o hay presiones externas hacia los funcionarios que están haciendo su trabajo, en el caso de Bluefields?

Sí, desde que llegó a Bluefields la comisión que está conformada por funcionarios de la Secretaría General Administrativa, de la Dirección Jurídica o Asesoría Legal, y de la Secretaría General Administrativa, que dicho sea de paso ha hecho un buen trabajo.

La verdad es que hay casos en que ellos tienen que apartar a esos funcionarios que están actuando mal, porque de otra manera no los dejan trabajar. En este caso de Bluefields, ellos nos dijeron que habían recibido amenazas.

¿Presiones directas de parte del excomisionado?

No, no sé, eran amenazas anónimas.

¿En qué otras instancias del Poder Judicial han tenido quejas, denuncias sueltas, así como comenzaron con los registros?

Bueno, sí, siempre se han dado. Usted sabe muy bien que siempre se dice de casos de juzgados donde hay presiones, coacciones, hay halagos, hay tráfico de influencias, y no en todos los casos se puede probar, es difícil.

Allí solo que el juez lo denunciara él mismo por su cuenta y dijera nombres y apellidos. También ha habido casos, hubo un caso donde falsificaron títulos o falsificaron firmas en algunos títulos, incluso, mi firma fue falsificada en títulos.

Nosotros denunciamos ante la Policía, y yo nunca supe en qué quedó la investigación. Allí están las personas acusadas de falsificación, y lo que supe al final es que un magistrado intervino para que no continuaran la investigación, y nunca me quisieron decir el nombre del magistrado.

Ahorita mismo estamos viendo una investigación sobre sustracción de Índices de Protocolos; aquí no depositamos Protocolos, sino Índices de Protocolos.

Eso es muy delicado, también tiene que ver con la seguridad de la institución notarial que nosotros resguardamos. Si nosotros dejamos que eso suceda no vamos a volver a tener la confianza de la población.

Si nosotros suspendemos a los abogados y notarios (es) porque cometen irregularidades y porque aquí les advertimos cuando los habilitamos para ser notarios, que ser notario es una cuestión muy delicada, que ellos son fedatarios públicos y que tienen que hacer uso de esa función con sumo cuidado y ser responsables con la ciudadanía y con el ejercicio de su profesión.

Con mucha más razón, tenemos que ser rígidos con las personas que trabajan en control de notarios y que resguardan los Índices de los Protocolos de los notarios.

¿Qué pasa con esas personas de control de notarios?

Se están investigando.

¿Están suspendidos o siguen?

Están en proceso disciplinario, porque son Índices que han sido suplantados unos por otros, hay cambios de escrituras.

En Chinandega cambiaron al Registrador. Ahora hay una nueva Registradora, pero la gente se sigue quejando. ¿Ustedes qué información tienen?

El problema con Chinandega es que al mismo tiempo que ocurrió eso había un gran desorden: el Registrador no inscribía en el Diario, sino que en su agenda, las escrituras estaban en las gavetas.

Entonces, la nueva Registradora tuvo que poner orden, pero al mismo tiempo estaba comenzando un proyecto piloto allí que se llama Sicar, que es un proyecto informático, Registro-Catastro que es financiado por el Banco Mundial.

Este es un proyecto informático de mucha importancia, que es como el nuevo modelo de gestión de despacho, que tiene un sistema informático en Nicaragua. Siempre que hay esos nuevos modelos informatizados hay grandes problemas, porque la gente tiene que adecuarse a la nueva tecnología.

Entonces, eso ha hecho que haya más atraso en el Registro de Chinandega, pero es por ese proyecto piloto; en segundo lugar, porque como dice la Registradora: yo tengo que poner mucho cuidado en lo que estoy haciendo.

Ella está tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ejemplo, en Chinandega, hay muchos problemas con diferencias entre la medida real de la propiedad y la medida que aparece en el Registro, y esa es una cuestión que no han podido superar con el barrido catastral.

Esa es una de las quejas de los abogados en un pliego que ellos trajeron aquí. Antes, ellos podían notarialmente hacer esas mediciones, hacer esos cambios y remediar esas diferencias entre la realidad y el Registro, pero no se puede, porque pueden tocar linderos de otras personas.