•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

La Red de Mujeres contra la Violencia, RMCV, señaló que la violencia contra la mujer sigue siendo un flagelo en todos los ámbitos, desde el hogar hasta las empresas privadas, y denunciaron dos casos recientes.

Luz Marina Tórrez, de la Junta Directiva de la RMCV, comentó que las situaciones vividas por Eva María Reyes Baca y Arlen del Karmen Flores, son violaciones a sus derechos humanos.

Señaló que el caso más delicado es el de Reyes Baca, quien acusó desde 2008 a su marido por violencia intrafamiliar, pero ahora tiene 11 días en las celdas de Auxilio Judicial, acusada por el cónyuge de supuesto hurto y falsificación.

Ella es ciudadana española con domicilio en Managua, y se casó en 2003 con el holandés Guido Emile Vioen; adoptaron a una niña, trabajaron en la formulación de proyectos turísticos en Chinandega, y con él formó una sociedad anónima, por lo cual adquirieron bienes comunes y particulares.

Guido promovió un juicio de disolución de matrimonio en el juzgado de Catarina, pero el Tribunal de Apelaciones declaró nulo lo actuado por estar viciado y ser violatorio del procedimiento establecido. El caso está en casación.

Según Tórrez, esta viene acusando desde 2008 a su marido por violencia intrafamiliar, acoso y amenazas, por tal motivo interpuso denuncia en la Policía, pero hasta el momento las autoridades no dieron curso a su denuncia, a pesar de tener dictamen del Instituto de Medicina Legal sobre las lesiones psicológicas sufridas.

A lo que sí dieron lugar fue a las acusaciones en su contra, levantadas por él y su nueva pareja, por supuestamente incurrir en diversos delitos, por lo que hay tres causas judiciales con orden de captura.

Ante esto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, alegó que hay una serie de anomalías, entre estas, el envío de Reyes a la DAJ, donde solo se siguen casos complejos.

La segunda denuncia fue interpuesta por los padres de Arlen del Karmen Flores, quien tiene deficiencia auditiva y del habla. Ella, acompañada por Mauricio Aguilar Vargas, también persona sorda, fueron el 20 de mayo a un comercio en Linda Vista para comprar una lata de atún. Pagaron y salieron, pero a los cien metros la guarda de seguridad, Rosibel Guzmán, de la empresa Vipsam comenzó a golpearla con un bastón y la redujo, e incluso los amenazó con sacar su arma de fuego.

Ellos no comprendían qué sucedía, y posteriormente les hicieron entender que presumían que habían salido del centro de compras sin pagar, pero ellos aún tenían el recibo de compra.

Los denunciantes alegan que a pesar de la agresión y de la denuncia en el Distrito II de la Policía Nacional, las autoridades no actuaban, por lo que demandaron resultados en el caso.

En el Distrito II aclararon que ya terminaron las investigaciones y pasaron el expediente a los juzgados, donde se dilucidará el caso. La guarda no fue detenida, pero se le señala por el delito de lesiones.