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Con sus 63 votos, la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, aprobó ayer --sin el apoyo de los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN--, la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF.

Los controversiales artículos 4 y 9 quedaron como estaban en el dictamen, pese a la demanda del sector privado de que se hicieran cambios al texto original.

Los diputados de la BDN pidieron que se modificaran los artículos 4 y 9, porque tal como estaban el dictamen, consideraron que la UAF podría ser utilizada por el gobierno de turno como “arma política” contra la oposición, sobre todo porque recordaron que la UAF quedará directamente subordinada al Poder Ejecutivo.

El legislador opositor Carlos Langrand Hernández fustigó la ley, alegando que los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, “hicieron oídos sordos a las recomendaciones” de la Asociación de Bancos Privados, Asobanp, y del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, pues ambas entidades pedían modificar lo relacionado con los “sujetos obligados” a brindar información estableciendo listas taxativas.

“Esto (la ley de la UAF) es algo semejante a que aprobemos el Servicio Militar en Nicaragua; lo que pide la bancada sandinista es que reeditemos la Sección V de la Seguridad del Estado, es que nuevamente instauremos los soplones y los orejas en los barrios, y denuncien a aquellos que no comulgan con su ideología fracasada”, expresó Langrand.

El legislador insistió en que la UAF “debe ser una unidad técnica, altamente calificada para prevenir el lavado de dinero y el blanqueo de capitales, y la apoyamos como tal”.

Sin embargo, agregó, “no podemos permitir que la UAF pueda ser utilizada con propósitos discrecionales”.

Según Langrand, como quedó el artículo 4, “permite que la UAF pueda ir a perseguir a un ciudadano cualquiera, incluso en su propio domicilio”.

“La UAF debe perseguir el crimen, pero solo a través de la emisión de reportes de operaciones sospechosas, y para ello debe existir una lista taxativa (delimitada)”, expresó.

El diputado Eliseo Núñez Morales señaló que, incluso, algunos diputados del Frente Sandinista en la Comisión Económica, “expresaron su preocupación por el margen de discrecionalidad de la UAF, pues dota a un organismo de investigación de la capacidad para llevar a los ciudadanos a un nivel diferente de enjuiciamiento”.

Otra de las preocupaciones es que tanto el director, como el subdirector de la UAF, serán nombrados por el Ejecutivo, y se subordinarán directamente al Presidente de la República, a quien, según la ley, deberán rendirle los informes correspondientes.

“Estamos dando al Ejecutivo una herramienta más para convertirse en señor de horca y cuchillo”, resumió Núñez Morales.

FSLN defiende ley

El jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro Rivera, y el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, defendieron el articulado de la ley, y negaron que estén en riesgo las garantías constitucionales de los ciudadanos nicaragüenses.

En el caso de las listas, Wálmaro Gutiérrez explicó que al no establecer listas “cerradas o taxativas”, se cumple con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe, Gafic, en el sentido de que “es mejor dejar listas abiertas” y no definitivas.

Respecto al reclamo de la oposición, en torno al monto de las multas --que según la ley irán de las 10,000 a las 500,000 unidades a los sujetos obligados que se nieguen a brindar información a la UAF--, Gutiérrez explicó que no significa que a todos los “sujetos obligados” se les impondrá la multa máxima, y que ese es solo un rango establecido de multa mínima y multa máxima.

Los artículos controversiales y cómo quedaron

Artículo 4. Facultades de la Unidad de Análisis Financiero.

La UAF y sus funcionarios, deben dar fiel cumplimiento a las normas constitucionales y legislación vigente, guardando total reserva sobre la información que obtenga. La información que solicite, reciba y produzca será utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. Bajo estas premisas, la UAF tendrá las siguientes facultades:

Solicitar y recibir directamente de las instituciones públicas y privadas o de cualquier sujeto obligado la información financiera, jurídica o contable, proveniente de las transacciones u operaciones económicas que puedan tener vinculación con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Imponer multas a favor del Fisco por montos que oscilen en proporción a la gravedad del caso, entre diez mil y quinientos mil unidades de multas, a los sujetos obligados no supervisados o regulados que se negaren a informar, a reportar o a dar la información establecida en la presente ley, o den información falsa, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que corresponda. La gradualidad en la imposición de las multas, el monto específico de estas y la sanción particular en caso de reincidencia se definirán en el reglamento de la presente ley.

En los casos de sujetos obligados que tengan un órgano de supervisión o regulación determinado por ley, la UAF deberá informar al órgano correspondiente con el fin de que éste imponga las multas que correspondan conforme a sus facultades y demás disposiciones legales y normativas.

De las multas impuestas se podrá recurrir en base al procedimiento establecido en la Ley No. 290: Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y sus reformas, con lo que se agotará la vía administrativa.

Las demás facultades y atribuciones que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 9. Sujetos Obligados.

Los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, son los siguientes:

Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras;

Las cooperativas que manejan recursos financieros con sus asociados;

Las microfinancieras supervisadas por la Conami;

Las casas de cambio de moneda extranjera;

Las casas de empeño y préstamos;

Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas;

Los casinos, salas de juegos y similares.

La anterior lista no es taxativa o limitativa, en consecuencia, a solicitud de la UAF y por conducto de la Dirección de Investigaciones Económicas, DIE, de la Policía Nacional, serán sujetos obligados a informar de manera puntual y para caso concreto, cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones que superen los límites establecidos por la ley o que por la naturaleza de su actividad o profesión maneje fondos o recursos, datos y/o información que sean requeridas por la UAF en el ejercicio de sus funciones.

Los sujetos obligados deben conservar con la mayor seguridad una copia del reporte enviado a la UAF y los soportes de la información reportada, por un período no menor de cinco años.