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El Presidente de la República, Daniel Ortega, está en la facultad de vetar de forma parcial los artículos 4 y 9 de la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, porque la propuesta no partió del Poder Ejecutivo. A esa conclusión llegó ayer el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana, UAM, doctor Alejandro Aguilar Altamirano.

La solicitud que hace dos días hizo el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, al mandatario Ortega, recibió ayer un abierto respaldo de distintos sectores del país.

El presidente “puede vetarla sin problemas si quiere, porque él no la propuso. El veto puede hacer pequeñas modificaciones a la ley, que la harían fácilmente aceptable por el Cosep”, añadió al respecto Aguilar Altamirano.

La Ley UAF fue aprobada recientemente en el parlamento, contando únicamente con el voto de los 63 diputados sandinistas. La solicitud de veto parcial la oficializaría el Cosep a través de una carta que enviaría al mandatario.

A la vez, el sector privado presentaría dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ; uno de amparo y otro por inconstitucionalidad, anunció su presidente, José Adán Aguerri.

“Todavía estamos trabajando en el veto y esperamos que esto sea la excepción, porque queremos seguir trabajando en consenso con el Gobierno”, señaló Aguerri.

Puede preocupar al GAFI

“La ley tiene roces constitucionales y en materia de derechos humanos. Quizá esto no sea una preocupación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) pero sí lo es el diseño institucional; debe estar libre de cualquier injerencia, de cualquier otra dependencia, no puede tener ningún riesgo de que sea manipulada por nadie”, añadió el decano de la Facultad de Derecho de la UAM.

El diputado de la Alianza Partido Liberal Independiente, PLI, Carlos Langrand, apoyó la petición del Cosep. El legislador consideró que el referido artículo 4 “va contra el ciudadano; contra todo lo que significa trabajar en libertad”.

A esa voz se unió el también diputado de la oposición, Eliseo Núñez, quien manifestó que el resultado de esta ley “es parte de una relación asimétrica” entre el sector privado y el Gobierno.

Al respecto el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento, Wálmaro Gutiérrez, mantuvo su posición en defensa de la recién aprobada ley, al considerar que es parte del sistema de seguridad democrática del país.

“Yo realmente lamento mucho, porque hemos tenido una voluntad y vocación de lograr consensos en temas sensibles para el pueblo y la ciudadanía, pero si los consensos no son si no es lo que yo digo... me alegra que sientan la confianza de recurrir al Poder Judicial para presentar sus amparos o recursos de inconstitucionalidad”, manifestó Gutiérrez al boletín Trinchera de la Noticia.

Aguilar Altamirano agregó que lo más recomendable sería que el presidente envíe nuevamente esta ley a discusión en el plenario.

No debe estar sometida al presidente

Alejandro Aguilar mencionó que en ningún país de Centroamérica, la UAF está sometida al presidente (Panamá es un caso excepcional porque está adscrita al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, entidad que depende del Ministerio de la Presidencia, mientras en Costa Rica está adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas, que responde al Ministerio de la Presidencia, pero con un máximo nivel de desconcentración).

“Tampoco en ningún país de Centroamérica la lista de sujetos obligados a rendir informes a la UAF es una lista abierta y discrecional (se utilizan 2 modalidades: lista de entidades y lista de actividades de riesgo. Caso excepcional es Guatemala, que faculta al presidente para incorporar una actividad a la lista de actividades de riesgo)”, indicó Aguilar.

Dijo que tampoco pueden pedir discrecionalmente cualquier tipo de información a las instituciones o sujetos obligados.

Aguilar añadió que la estructura orgánica independiente y autónoma de la UAF es un requisito internacional del GAFI y del grupo Egmont.

“Esto significa que es posible que si se mantiene el diseño como está en la ley aprobada hace 2 días, ni siquiera será aceptada, por no disponer de los estándares mínimos de independencia, de manera que no ayudará en nada a que Nicaragua salga de la lista gris”, señaló.

 

(Con la colaboración de Amparo Aguilera y Alma Vidaurre)