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Aproximadamente 30 millones de córdobas serán destinados para la reparación de los centros penales del país, aseguró la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, agregando que se hacen esfuerzos para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones en los centros penitenciarios del país.

“Está la remodelación. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de córdobas que se están invirtiendo”, dijo la ministra.

Sobre los proyectos de nuevos centros penitenciarios de los que se viene hablando desde hace varios años, entre estos una nueva cárcel de mujeres, alegó que la falta de financiamiento los ha detenido, sin embargo para las mujeres ya se había hasta gestionado el terreno.

“Lo que se está ampliando son las capacidades y habilidades de los internos para que estén menos tiempo en las celdas y más en habilidades laborales. El presidente Daniel Ortega nos dio tierras para granjas de régimen abierto y sectores de régimen semi-abierto. Tenemos coordinación con el INTA y la FAO, que nos brindan la capacitación a los internos. Estas granjas están en León, en Managua hay tres, en Estelí, Juigalpa y en Granada. Estos son proyectos de siembra y ganadería”, destacó, agregando que se aplica en los privados de libertad que ya tienen derecho a esta medida alternativa de sanción.

Reducir hacinamiento

“Una parte están en las granjas y otra estamos coordinando esto con los jueces de Vigilancia, para que se les permita ser trasladados ahí”, expresó la ministra Morales, destacando que esto es parte de los planes para el mejoramiento de las condiciones de vida de los privados de libertad, pero también están optando por otras medidas para reducir el hacinamiento. Se calcula que el Sistema Penitenciario Nacional, SPN, tiene capacidad para 5 mil 446 internos, pero en la actualidad hay 8 mil 199.

Por otra parte, la ministra rechazó las críticas de organizaciones de derechos humanos en el caso de retardos para hacer efectivas las órdenes de libertad. “En algunos casos de estas órdenes, el Ministerio Público ha apelado y revisamos con la CSJ, según un convenio interinstitucional, de la revisión de algunos casos, y los mismos magistrados han solicitado que se paren, porque las órdenes fueron obtenidas de forma no muy clara. Hicimos un estudio con ellos y la mayoría de ese tipo de órdenes de libertad están vinculadas a detenidos por narcotráfico y no por delitos comunes. Vemos a condenados a 15 años y que luego les rebajan la pena a 7 años y después dicen que con 3 años ya cumplieron y ya está”, asegura.

Organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, en los últimos cuatro meses han considerado una violación a los derechos el desacato de al menos una docena de órdenes de libertad, no todos vinculados con delitos de narcoactividad.

Caso emblemático

La CPDH en 2011 contabilizó un total 18 casos, siendo emblemático el caso de José Ramón Urbina, quien pasó 12 meses y 12 días en prisión, a pesar de que durante todo ese tiempo tuvo orden de libertad.

Otro fue Kevin Giovanny Acosta. Estuvo detenido ilegalmente por 90 días en la Cárcel Modelo, de Tipitapa, y valió que el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, señalara esto como “abuso” de las autoridades del SPN.

El Cenidh el año pasado recibió 59 denuncias contra los centros penitenciarios, de las cuales comprobaron violación a los derechos humanos en 43 casos, la mayoría por incumplimiento de la orden de libertad y abusos de autoridad dentro del penal.

En el caso de la demanda de organizaciones de derechos humanos de visitar sin obstáculos el SPN, la ministra alega que su intencionalidad es política más que cuestión de derechos humanos, y dijo que las cárceles están abiertas, que entran la iglesia Católica y organismos no gubernamentales, estos últimos para trabajar en la justicia juvenil restaurativa, algo que también se está trabajando con la Corte Suprema de Justicia.