Rafael Lara
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Nicaragua es uno de los cuatro países latinoamericanos que hasta hoy sigue sin aceptar la adhesión de la coalición de la Corte Penal Internacional, CPI, que tiene jurisdicción sobre crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio.

Francesca Varda, coordinadora para Latinoamérica de la coalición, indicó que a nivel regional, además de nuestro país aún no están adheridos Guatemala, El Salvador y Chile. Ésta es la segunda ocasión que visitan Nicaragua, y bajo la coordinación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, se reunió con diputados y autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras personalidades.

A pesar de haber encontrado mucha receptividad e interés, dijo que no hubo ningún compromiso formal.

“La CPI, constituida en 1998, es una alianza de 2 mil 500 organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo que abogan por una Corte Penal Internacional justa, efectiva e independiente. La misma es complementaria a acciones penales nacionales, por lo que sólo podrá actuar cuando un Estado no pueda o no quiera proceder a nivel nacional en tanto los crímenes mencionados”, expresó Varda.

Comentó que la misma no tiene carácter retroactivo y puede conocer de hechos únicamente a partir del 1 de julio de 2002, pues su funcionamiento así lo ha establecido. El tratado de la CPI entra en vigor para un país el primer día del mes, seguido los 60 días después que el Estado deposita formalmente el instrumento de adhesión al Estatuto ante la oficina de tratados de las Naciones Unidas.

La representante de la CPI indicó que en Nicaragua los obstáculos expuestos son de carácter constitucional, pues la penalización interna se limita a 30 años máximo, mientras la corte estipula cadena perpetua. Otro escollo fue el carácter de la figura de extradición.

“En Honduras y Costa Rica también tuvimos problemas de este tipo, pero se realizaron reformas y adecuaciones legales para solucionarlo. Esperamos que retomen la experiencia de sus vecinos y en Nicaragua se logre resolver estas situaciones legales”, dijo Varda.