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La Corte Suprema de Justicia tiene acumulados 5 mil 825 casos pendientes de resolución, de los cuales 4 mil 229 son originados en recursos de amparo por inconstitucionalidad, manifestó alarmado el procurador general de la República, doctor Hernán Estrada, al señalar que ese bajo rendimiento es incongruente con las constantes demandas de aumento salarial del Poder Judicial.

Entre estos 4 mil y pico de casos, el Poder Legislativo ha mandado a suspender el acto recurrido en 588 casos, 240 de los cuales son de orden fiscal (Ingresos y Aduanas), por un monto de 40 millones de dólares, que el Procurador señala que bien podrían orientarse para inversión social.

Estrada refirió que en 2007, los 16 magistrados de la Corte Suprema apenas resolvieron un poco más de 30 casos, a razón de dos por cabeza, lo que a su juicio es un rendimiento alarmante para un país que por un lado necesita dinamizar urgentemente su gestión socioeconómica, y por otro, satisfacer la creciente aspiración de justicia por parte de los usuarios, que en su mayoría son la gente más pobre del país, cuyos casos civiles y penales suelen congelarse en las gavetas de los tribunales.

Millones de dólares paralizados en glosas
“Quieren aumento salarial, pero irónicamente no resuelven casos que posibilitan al Estado tener más dinero para satisfacer esas aspiraciones”, comentó el doctor Estrada, al calificar la actuación judicial del país como deficitaria.

En ese orden, también se refirió al caso de las glosas, es decir, a los dineros que tienen que devolver al Estado los funcionarios y empleados que han sido hallados con responsabilidades administrativas por la Contraloría General de la República.

Detalló el Procurador que de 206 ex funcionarios “pegados” con glosas, 34 recurrieron de amparo, con lo cual lograron paralizar la recuperación de once millones de dólares y 52 millones de córdobas. Otras glosas por 216 millones de córdobas y 2 millones 200 mil dólares tampoco se pueden recuperar, porque a la lentitud de los tribunales, se suma la pobreza de los empleados menores implicados, los que suman más de 200, agregó.

Un “waiver” muy significativo
En otro aspecto, Estrada calificó como “mentiras” todos los vaticinios que los adversarios políticos formularon contra este gobierno, incluso desde antes de ganar las elecciones, las cuales han caído por su propio peso, entre los que no escapaba el relacionado con la propiedad.

Se dijo que el gobierno del FSLN no iba a seguir resolviendo los problemas de propiedad en el país, ni los reclamos de los ciudadanos estadounidenses, “caitudos o legítimos”, pero señaló que el reciente otorgamiento del “waiver” o certificación del Congreso estadounidense dice todo lo contrario.

Países nórdicos, agregó, el Banco Mundial y la Cuenta Reto del Milenio de Estados Unidos están ayudando al gobierno a regularizar la situación de las propiedades en León y Chinandega. El programa funcionaba autónomamente, pero el gobierno lo adscribió a la Procuraduría General de la República y los norteamericanos han visto con simpatía esa medida.

El oportunismo de “los caitudos”

Es que -–explicó Estrada-- con motivo del “waiver”, los norteamericanos reconocieron nuestro esfuerzo e informaron a su Congreso que no solamente estamos cumpliendo, sino también sobrecumpliendo. Los últimos tres casos de auténticos ciudadanos norteamericanos ya los resolvimos, incluso a un costo económico muy alto para el país.

“Pero también la Embajada de Estados Unidos ha cometido algunos abusos con los reclamos de sus ciudadanos naturales o adoptados, y se los hemos hecho saber en nuestras resoluciones. Ellos han asumido en algunos casos el rol de ‘lobbystas’, y en ese afán han presionado, tanto por reclamos racionales como por aquellos que son irracionales, con lo cual han contribuido a inflar innecesariamente el asunto”, agregó.

Según Estrada, se han dado casos de ciudadanos “caitudos” que solamente eran dueños del uno por ciento de acciones en una sociedad anónima confiscada, pero al formular su reclamo, metieron en “combo” a todo el montón de sus socios nicaragüenses. En otros casos, hubo maniobras que inflaron los procesos de reclamación, pues si un norteamericano adoptado tenía 29 lotes en una propiedad, no metía un solo reclamo, sino 29, tal es el caso del reparto Serranías, que está contabilizado como 29 casos “pendientes”.

“Norteamericanos han entendido”

En otros casos, los reclamantes solamente esgrimían una declaración jurada ante notario diciendo que eran dueños de tal o cual cantidad de tierras o de reses, y con eso bastaba para recibir apoyo de la Embajada de Estados Unidos, y muy dócilmente los gobiernos de doña Violeta, Alemán y Bolaños cedieron. Eso se acabó, afirma Estrada.

“Los norteamericanos han entendido que es colusivo respaldar reclamos no sustentables, y han variado su actitud. Con eso demostramos que podemos tener relaciones dignas con Estados Unidos dentro de un marco de respeto mutuo”, subrayó el procurador Estrada.

Sobre la problemática agraria, Estrada proclamó que con la compactación bajo el único techo de la PGR de todas las instancias de propiedad que había, se acabaron las coimas y los grandes tráficos de tierra, de modo que “ahora sólo hay incidentes, pero no conflictos agrarios relevantes en el país, pues algunos que gestionaban como líderes han sido desplazados”.

“Vivíamos –-añadió-- bajo una mafia estructuralmente organizada de traficantes de propiedades, que hemos golpeado con diversos mecanismos. Hemos señalado y solicitado la destitución de jueces que usando maniobras arbitrarias lesionaban el patrimonio del Estado, como en el caso de las famosas mesuras judiciales” y otras figuras del Código Civil, que ¡ojalá la Asamblea Nacional haga una moratoria oficial sobre ellas!”.

Las famosas mesuras judiciales
Según la explicación de Estrada, este engaño consistía en que reclamantes fraudulentos, con ayuda del juez, convertían una finca de diez manzanas en otra de cien, sobre la cual sacaban sentencias de títulos supletorios que inscribían en el Registro, y las vendían a terceros adquirentes “de buena fe”, quienes procedían a expulsar del agro a los campesinos asentados, que muchas veces hasta tenían títulos legítimos de reforma agraria.

A juicio del Procurador, hay diferentes traficantes de tierras: los tradicionales, los seudolíderes de movimientos sociales, y los que trabajan para grupos económicos del gran capital, como los banqueros, que han hecho verdaderos lavados de dinero mediante simulaciones para cubrir los ilícitos bajo el sacrosanto techo de la transacción bancaria.

Dentro de este último grupo se inscriben empresas grandes que han comprado tierras de origen oscuro. De ahí que entre nuestras medidas de enfrentamiento -–siguió explicando Estrada--, además de poner bajo un solo mando todas las instancias de la propiedad, está la orden ejecutiva dada a Catastro para que no emita certificados en el municipio de Mateare, donde con tal acción se ha logrado frenar la piñata de los grupos económicos a quienes igualmente califica de traficantes de tierra
Traficantes pobres y los ricos
Refirió Estrada que hasta hace poco los dos grandes enredos de propiedad estaban por parte de los pobres en El Timal, y por parte de los ricos en Chiltepe, pero ya todo eso se acabó, “y de ahí salen los lamentos de que estamos afectando a la propiedad privada, que este gobierno no brinda seguridad jurídica y otros argumentos por el estilo”.

“Estoy claro de que no se puede hacer una reforma a la contrarreforma agraria de los últimos 16 años, pero ya es hora de que no se permitan los abusos contra los pobres ni contra el patrimonio del Estado”, finalizó diciendo el Procurador.

“Todo sería mejor –-concluyó-- si tuviéramos una política de Estado, y que no fueran ruegos los que tuvieran que hacerse a los jueces y registradores para frenar los abusos. Una ley moratoria que sea como un mandato para los jueces, para que no apliquen durante un período determinado ciertas figuras del Código Civil que aún están vigentes, pero que solamente han servido para saquear al Estado”.