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  • AFP

Costa Rica insistió este martes en rechazar las acusaciones de Nicaragua que lo responsabiliza de provocar daños ambientales en el río San Juan, con la construcción de la "trocha" de 160 kilómetros.

En una comparecencia ante una comisión del Congreso, el canciller costarricense, Enrique Castillo, dijo que la construcción de la ruta 1856, "una obra de defensa civil invaluable" para su país, no ha provocado daños en el afluente fronterizo como lo sostiene el gobierno de Managua.

"Debo ser enfático en que hasta el momento no existe evidencia alguna de daño al río, sencillamente porque no lo hay", afirmó Castillo ante la Comisión de Control del Gasto Público.

Castillo alegó que existe una campaña en Nicaragua desde noviembre de 2011, que acusa a Costa Rica de causar severos impactos ambientales al río San Juan, derivados de la ejecución de la obra.

"Como parte de esta campaña nicaragüense, han circulado algunas fotografías de la ruta en construcción, desde luego dentro del territorio costarricense, que todos conocemos, pero que no representan evidencia de afectación al río o al territorio nicaragüense", enfatizó Castillo.

Denuncias de corrupción

La obra, valorada en 40 millones de dólares que inició en diciembre de 2010, ha estado salpicada de denuncias de corrupción.

La presidenta Laura Chinchilla separó a su ministro de Transportes en mayo, tras denuncias de que dos inspectores de esa cartera recibieron dádivas por unos 10 millones de dólares para la concesión de las obras, aprobadas mediante decreto de emergencia que le permitió evadir controles ambientales.

Autoridades judiciales hicieron el 6 de junio 36 allanamientos simultáneos a empresas que participaron en la construcción para esclarecer anomalías y daños ambientales.

Dos organizaciones ambientalistas en Nicaragua denunciaron en octubre a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua. En enero, el organismo ordenó suspender las tareas al gobierno de Chinchilla.

Costa Rica y Nicaragua mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por una minúscula isla fluvial en Caribe, la cual ambos países reclaman como propia.