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El excomisionado Roberto Gómez Lainez, de 48 años, quien fungió como segundo jefe del departamento de Jinotega, manifestó su malestar porque la jefatura de la Policía Nacional se resiste a cumplir con un amparo que resolvió a su favor la Corte Suprema de Justicia, el cual ordena que sean restituidos sus derechos, luego de que en 2010 fuera sacado de esta institución, mientras la vocería policial dice que siguen analizando el caso.

“Cumpió 30 años…”

En abril de 2011, la comisionada mayor Vilma Reyes, exjefa de Relaciones Públicas de la Policía, explicó que la baja se le dio a Gómez “porque ya cumplió con sus 30 años de servicio, y ha sido una disposición de la institución”, pero que acatarían cualquier resolución que emitiera la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el nuevo vocero policial, comisionado mayor Fernando Borge, se limitó a decir que “se ha recibido la documentación que ha presentado Roberto Lainez y se está analizando…”.

Gómez Lainez afirmó estar inconforme porque la Policía, en octubre de 2010, le aplicó la “baja honrosa”, que no existe en el reglamento de la institución, y fue sacado del cuerpo policial sin que él lo hubiera solicitado, por lo que interpuso un recurso de amparo ante la CSJ, y este poder del Estado dio ha lugar a la solicitud el pasado 12 de diciembre de 2011, considerando que en este caso se violó el principio de legalidad.

El 14 de diciembre del mismo año, el comisionado general Javier Meynard, Subdirector de la Policía, solicitó una explicación a los magistrados de la CSJ sobre los motivos que tuvieron para amparar a Gómez, pero el 14 de marzo de este año la Corte dio un no ha lugar a dicha solicitud.

“Cuando recibí la resolución de la Corte, dirigí una carta a la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía, pero no obtuve respuesta, no he logrado tener una reunión con ella. En marzo de este año volví a enviarle otra carta para hacerle ver que estoy a la espera del cumplimiento de la resolución de la Corte, pero todavía no obtengo una solución”, aseguró Gómez.

El 19 de abril de este año, Gómez introdujo un escrito ante la CSJ para quejarse de la falta de cumplimiento a la orden judicial por parte de la Policía, y el 18 de mayo los magistrados mandaron un escrito a dicha institución requiriendo a la primera comisionada Granera para que explique la negativa policial.

Finalmente, a petición del perjudicado, el pasado 21 de junio la CSJ ordenó poner en conocimiento al presidente Daniel Ortega y al Procurador General de la República, Hernán Estrada, sobre el incumplimiento por parte de la Policía de la resolución judicial que es de ineludible cumplimiento.