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Tras la publicación en la que El Nuevo Diario reveló ayer la privatización de la terminal de buses interurbanos del Mercado de Mayoreo, cuyo arrendamiento está a cargo del presidente de la cooperativa de Transporte del Atlántico, Cotlántico, Luis Jiménez, un grupo de comerciantes acudieron a esta redacción en defensa del señalado.

Aunque el contrato de concesión de arriendo de la terminal, cuyo terreno es de alrededor de una manzana, prohíbe el subarriendo y el ejercicio de la actividad comercial, en ese lugar se vende de todo, se alquilan espacios, y hasta los vendedores ambulantes pagan por comercializar sus productos.

De acuerdo con el contrato del que goza Jiménez Roa, en su cláusula novena del acápite de las prohibiciones, el inciso 7, establece que se prohíbe ceder el derecho de arriendo o subarrendar el local a terceras personas.

Los comerciantes a los que Jiménez cobra por el subarriendo del local dicen sentir temor de quedar desempleados, ya que no tienen otro lugar donde realizar su tarea diaria, y en la terminal ya han cultivado su clientela. Indican que unos 200 se quedarían sin trabajar y serían afectadas igual número de familias.

Marcos Rodríguez, vendedor por cuenta propia, dijo que tiene 17 años de vender en ese lugar, y que el único problema que han tenido es que no se les permite ofrecer sus productos en los buses de la Cooperativa de Transporte del Norte, Cotrán, que dirige Francisco Moreno.

Sin embargo, el inciso 8 del contrato de concesión refiere que “se prohíbe autorizar o permitir el ejercicio de la actividad comercial de otros comerciantes dentro del área en la que funciona la terminal de buses o realizar cobros a los mismos, pues es facultad exclusiva de Commema”.

Pero en la práctica, la administración de Jiménez, Presidente de la Cooperativa de Transporte del Atlántico y arrendatario personal de la terminal, hace caso omiso a esa cláusula, y, además, impone exorbitantes cobros en concepto de subarriendo.

Tal es el caso de la Cooperativa de Transporte del Norte, Cotrán, cuyo dirigente Francisco Moreno, señaló que ilegalmente Jiménez le extendió una notificación de cobro en concepto de arrendamiento de siete módulos, cuya deuda de enero de 2006 a octubre de 2011 asciende a US$84,500.

La notificación refiere en detalle que Cotrán adeuda la suma de US$75,600 en concepto de arriendo de enero de 2006 a junio de 2010. También señala otro pago pendiente de julio de 2010 a 2011, que suman US$6,782.

“Un bien municipal está siendo usufructuado por un particular y eso lo prohíbe la ley. Nosotros hemos hecho diferentes propuestas en la comuna y a Commema, pero no nos atienden ni valoran posibles soluciones. Para nosotros es una situación muy grave porque nos está afectando”, dijo Moreno.

De acuerdo con informaciones que ha recabado el concejal Luciano García, Luis Jiménez en calidad personal de arrendatario, recibe más de US$12,000 al mes, de los cuales paga alrededor US$6,000 a Commema por la concesión.

Más de 200 salidas

En la terminal del Mayoreo, a diario salen unas 250 unidades de transporte a unas 17 rutas de diferentes regiones del Norte del país. Cada bus paga un “piso de arrendamiento” por salida de entre C$40 y C$105, y cada uno hace dos vueltas diario.

“Los datos que yo pude recabar, los ingresos andan rondando los US$12,500. A diario la flota de Cotrán le paga C$4,000; la cooperativa Conitrain es un poco menor de buses y paga alrededor de C$3,000 por día, y la Cotracenic está por pasarme los datos. Pero a eso se suma el pago de C$10 por cada vehículo que ingresa, los vendedores ambulantes que pagan una cuota, y también tienen alrededor de 10 módulos que los alquilan por US$300 mensuales”, detalló el concejal García.

Por su parte, Alejandro Duarte, Vicepresidente de la Cotracenic, dijo que esta cooperativa se formó en julio del año pasado, a raíz de que un grupo de exsocios de Cotlántico descubrieran los términos de arrendamiento de ese local.

“Catorce compañeros de Cotlántico se retiraron en julio de 2011 por una serie de arbitrariedades. Primero fuimos cinco compañeros que fuimos expulsados por reclamar nuestras utilidades, y fue a través de una resolución de revisión de Infocoop (Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo), donde nos dimos cuenta de lo que pasaba. No sabíamos que este señor tenía la cooperativa a título personal”, dijo Duarte.

El transportista citó que en el art. 98 de la Ley General de Cooperativas se prohíbe hacer ese tipo de contratos.

“Lo que nosotros pedimos es que el contrato vuelva a su estado anterior. Siempre vamos a pagarle a la alcaldía, pero pedimos que se cobre una tarifa justa de unos C$20. Hay unidades que pagan hasta el 100% del valor del pasaje por cada bus que sale”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, mandó a que se investigue a fondo el caso de la terminal “Rigoberto Cabezas”, porque tiene documentos que han enviado las diferentes partes, con sus respectivos señalamientos. “No se puede sacar a la gente así nomás”, indicó.

El concejal sandinista Richard Romero indicó que si bien una comisión irá a informarse del caso, es Commema la que tiene que agotar los recursos administrativos, antes de que pueda ser discutido en pleno por el Concejo. Mientras, el concejal opositor Luciano García fue más radical, y señaló que el acto que hace Luis Jiménez es ilegal porque está subarrendando el espacio.

El Nuevo Diario llamó en reiteradas ocasiones a Reynaldo Manzanares, Gerente de Commema de “El Mayoreo”, y a Luis Jiménez, pero ninguno contestó su teléfono. Mientras, el concejal conservador Luciano García ha dicho que el bien municipal debería estar bajo la administración de las cuatro cooperativas o de la comuna.

(Con colaboración de Jessie Ampié)