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Miembros de la Comunidad Indígena de Jinotega realizaron este miércoles una marcha por las principales calles de la ciudad, para reclamar la destitución de tres judiciales de la localidad porque, según los demandantes, se han parcializado al momento de emitir fallos con órdenes de desalojo en propiedades indígenas.

Antonio Rizo, tesorero de la Comunidad Indígena, señaló como responsables de “desalojos ilegales” a los jueces de lo civil de Jinotega, Alberto Martínez Guerra, Julio Blandón Villagra y Juan Carlos López Bonilla.

Por citar un ejemplo, dijo Rizo, “el ahora juez Blandón Villagra fue por 25 años titular del Registro de la Propiedad, en ese período, él nos firmó y selló los títulos a los indígenas, legalizando así esas escrituras, y ahora falla en contra de nosotros, ¿por qué actúa de esa manera? Consideramos que esas resoluciones no son apegadas a la ley”, aseveró Rizo.

Juez da su versión

Blandón Villagra dijo al respecto: “Quiero aclarar que cuando estuve desempeñándome como registrador de la propiedad fue de forma administrativa, y el hecho de inscribir un documento no significa que este sea legal, puede tener consecuencias que lo lleven a la nulidad”.

El judicial aseguró que “son dos casos de la Comunidad Indígena que hemos visto en este juzgado, mismos que han sido promovidos por ellos. Presentaron demandas contra terceras personas que están en posesión de tierras indígenas, y ellos han perdido las causas.”

Blandón puntualizó afirmando que “no tengo por qué parcializarme a favor de nadie, me limito a ver los documentos presentados por las partes y emitir la resolución que en derecho corresponde, si no es de su agrado, existe el recurso de apelación.”

El segundo juez señalado Alberto Martínez Guerra, quien manifestó que “la Comunidad Indígena no tiene en este juzgado ninguna sentencia en contra de ellos, yo no me explico la actitud que tienen hacia mi persona.”

“Yo en lo particular no he ejecutado ninguna orden de desalojo en conflictos de esta índole, ya que evito eso lo más que pueda, aunque en todo caso, la Ley dice que las sentencias son de ineludible cumplimiento”, puntualizó el judicial.

El tercer juez señalado, Juan Carlos López, quien ha sido juez ejecutor de uno de los desalojos, informó a El Nuevo Diario que en la comunidad Las Lomas existen dos personas que le aseguraron que a los dirigentes indígenas Miguel Gómez y Antonio Rizo les han entregado cuantiosas cantidades de dinero a cambio de tierras de la comunidad”.

López Bonilla apuntó que una de las ciudadanas es Francisca Rivera. “Ella me dijo que le entregó a uno de estos señores la cantidad de US$7,000 por una propiedad, y el señor Nelson Calero habló que les dio un total de C$400,000. No sé si sea cierto o no, pero puedo asegurar que esas dos personas se lo manifestaron a este servidor”.

Pero Rizo dijo que se considera “limpio al respecto, soy el encargado de cobrar el canon de arrendamiento, y les entrego cuentas claras a los indígenas”.

Por su parte, Gómez, presidente de la Comunidad, se defendió: “una cosa es que se diga y otra cosa es que se compruebe que me han dado ese dinero. Que me presenten los recibos que constan que recibí alguna plata a cambio de esas tierras. Estoy disponible, para someterme a las pruebas”, puntualizó.

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