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El juez primero de distrito del crimen, David Rojas, finalmente se separó ayer del caso del poeta Ernesto Cardenal, según él “para una mayor transparencia del proceso y por el bien del sistema judicial”, aunque negó que haya incurrido en prevaricato, o sea actuar contra Ley expresa.

Horas antes que el juez tomara esta decisión, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, interpusieron en el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, un Recurso de Exhibición Personal a favor del poeta y  están pendientes con la posibilidad de interponer el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por la serie de irregularidades que han analizado en el proceso.

Sobre la declaración del juez de no seguir conociendo el caso, expresaron que no hizo más que apegarse a la legalidad y a lo que él mismo dictó en su sentencia. Además esto fue una petición del abogado Boanerjes Ojeda, defensor de Cardenal.

Según Rojas, existe una campaña mediática nacional e internacional en contra del poder judicial y se han dicho cosas que no son ciertas, como que existe una orden de retención migratoria contra Cardenal lo que le impide asistir a encuentros fuera del país.

Niega haber caído en prevaricato
Por otra parte Rojas, aunque reconoció haber elaborado la escritura que sirvió de base para que la parte acusadora actuara contra Cardenal, explicó que ese acto notarial fue antes de que lo nombraran juez,  por lo cual no ha cometido prevaricato, según lo establecido en la ley. 

En el caso del poeta Cardenal, el juez Rojas actuaba en calidad de juez de segunda instancia y ahora el proceso pasará a manos del suplente, Ronaldo Moran, a quien le corresponderá pronunciarse sobre las medidas cautelares o tomar la decisión que estime pertinente en el caso del poeta Cardenal, condenado a pagar 20 mil córdobas de multa por el delito de injurias

Así, el juez Rojas, se separa del caso, sin dictar ninguna medida cautelar en contra de Cardenal, aunque advirtió que ya se venció el plazo para que éste pague al fisco la multa de 20 mil córdobas impuesto, aunque es lo primero que debería haber hecho.

El pasado jueves,  alegando razones humanitarias y amparado en el artículo 100 del viejo Código Penal con que se procesa a Cardenal, el juez Rojas, lo declaró valetudinario por ser mayor de 70 años, lo que implica que no puede ir a la cárcel.

Alegatos del Recurso de Exhibición Personal
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a primera hora de la mañana, interpuso en el TAM, el Recurso de Exhibición Personal a favor del poeta Cardenal.

Entre los alegatos presentados por los doctores Vilma Núñez, directora del Cenidh, y Gonzalo Carrión, director del área jurídica de esa misma organización, está que el judicial dictó sentencia 31 meses después que se radicaron las diligencias de apelación, obviando el tiempo transcurrido y las formalidades establecidas para este tipo de acción. Por lo tanto la acción la consideraron una amenaza a la libertad individual, integridad y seguridad personal de Cardenal.

El doctor Carrión agregó a esto, el posible interés particular porque con anterioridad sirvió de notario a la parte acusadora, por lo tanto ante su implicancia y por sanidad legal desde un inicio debió enviarlo a otro juez. Además, señalaron el interés que la semana pasada mostró Rojas en seguir conociendo del caso, con la intención de dictar medidas contra Cardenal, cuando en su misma sentencia este juez mandó a regresar el caso a su lugar de origen.

“Las acciones realizadas a favor de Cardenal es ante la posibilidad de que las amenazas en su contra se materialicen. El objetivo del Recurso interpuesto es ampararlo ante cualquier irregularidad que traten imponer, sin importar el juez que esté en el proceso”, dijo Carrión, agregando que la cuestionada revocación de la absolución anterior y la sentencia condenatoria por “casualidad” surgió poco tiempo después que Cardenal criticó al actual gobierno, caracterizado por las revanchas políticas en contra de sus detractores.

El jurista comentó que los cuestionamientos del caso surgieron por las irregularidades enteramente legales, realizadas por el juez Rojas y no con la intencionalidad de dañar al Poder Judicial en su carácter de institución del Estado.