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Son 38 los femicidios que el observatorio nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia reportó durante los primeros seis meses del año, mostrando una baja sustancial de la incidencia en comparación con el año anterior, aunque no la suficiente.

Según el observatorio, de las 38 mujeres asesinadas, dos eran niñas menores de 12 años. Esto representa 13 mujeres menos que el año pasado, o sea un descenso del 25.5 %.

En comparación con las cifras de 2011, en el mismo período fueron 51 las mujeres asesinadas. Ese año finalizó con 76 femicidios, de los cuales solo siete asesinos fueron condenados, 24 acusados aún esperan ser juzgados, mientras que el resto se encuentra prófugo de la justicia.

Luz Marina Torres, de la comisión coordinadora de la RMCV, dijo que consideran parte de ese descenso como producto de las campañas que mantiene su organización a nivel nacional.

Trece habían interpuesto denuncia

Torres señala que de los 38 femicidios en este semestre, 13 de las víctimas habían interpuesto denuncia en la Comisaría de la Mujer y Niñez, sin embargo, las autoridades no impusieron las debidas medidas precautelares para salvaguardar la vida de las denunciantes. Antes de ser asesinadas, ocho de las víctimas fueron violadas. Las dos niñas fueron secuestradas y torturadas antes de ser asesinadas.

Alegan que las mujeres jóvenes fueron asesinadas de forma atroz y cruel, una mayoría entre los 19 y los 25 años. Son ejemplos de esto el asesinato de la joven Aleyda Damaris Alaniz Dávila, de 21 años, de Jalapa, Nueva Segovia. El crimen fue perpetrado por su esposo Lenar Castellón Blandón. Aleyda Damaris, antes de ser asesinada fue golpeada por su agresor, quien después le disparó en el pecho, y culpó de lo sucedido a la hija de ambos, una bebé de 22 meses. Igual sucedió con el asesinato de la joven jinotegana Érica del Socorro Rivera Montenegro, de 22 años, quien amaneció asesinada en su casa, y las autoridades aún desconocen la identidad del femicida.

Ante la situación, la Red de Mujeres demandó mayor beligerancia a los operadores de justicia, pues violan los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, lo cual se evidencia en el caso de ocho asesinos que siguen sin ser identificados; 11 prófugos, que después de haber cometido el asesinato salieron del país; tres se quitaron la vida después que asesinaron a sus esposas; de los 37 asesinos 15 están detenidos a la espera de ser juzgados.

Por otra parte, ante la entrada en vigencia de la Ley 779, exigen un efectivo cumplimiento para acabar con la impunidad. “No aceptamos justificaciones de la Comisaría de la Mujer, Fiscalía y Juzgados de no tener recursos para la aplicación de la ley ante la grave problemática de violencia contra las mujeres. El gobierno es responsable de garantizar su efectiva aplicación”, señala la Red.

Torres comentó que están dando seguimiento a los primeros 100 días de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, por lo cual presentarán sus apreciaciones mensualmente.