Eloisa Ibarra
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Por fin, los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendieron del cargo al juez local penal de Tipitapa, Guillermo García, a quien cuatro mujeres llevaron de queja ante la Corte por presunto acoso sexual.

Aunque desde el año pasado existía un auto firmado por los miembros del Consejo, Marvin Aguilar y Alba Luz Ramos, no había salido porque el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, y Edgard Navas, se negaban a firmarlo en respaldo al juez García, de tendencia liberal.

El magistrado Marvin Aguilar explicó que la suspensión fue firmada por Ramos; el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, suplente de Martínez en el Consejo, y quien se encuentra fuera del país, y él. Indicó que el tiempo de suspensión está sujeta a los resultados de la investigación de las quejas.

Meses atrás, el magistrado Aguilar calificó el asunto como grave porque existe una decisión de todos los poderes del Estado de combatir la violencia doméstica y las agresiones contra la mujer, y no se pueden permitir esas situaciones.

La Inspectoría Judicial recomendó la suspensión del juez García, y existía un auto en ese sentido, pero hasta ahora fue posible materializarlo, y ayer, según una fuente del Juzgado de Tipitapa, se le notificó a García la suspensión por tiempo indefinido.

Navas había argumentado que no podía firmar la suspensión porque ese a su criterio debe hacerse cuando hay situaciones graves, como narcotráfico. El criterio de Navas es que primero se debe investigar, y si preliminarmente se encuentra situaciones que lo ameriten se suspenda al funcionario, pero, de lo contrario, debe esperarse a la resolución.

Las mujeres denunciaron al judicial porque supuestamente les pidió sostener relaciones sexuales a cambio de fallar a favor de ellas casos por pensiones alimenticias, injurias, y otros en trámite en ese juzgado local.

La CSJ tenía a inicios, un retraso de 700 quejas sin resolver, de esas, la mitad pueden ser de jueces. Hay 200 casos de firma de autos para su tramitación y 500 expedientes, con proyectos de sentencia que no salen por falta de firmas, según datos brindados por magistrados meses atrás.