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“La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, salió de la Corte Suprema de Justicia, y esperamos que no sean sus magistrados los primeros señalados en violarla en su artículo 16”, señalaron representantes de organizaciones de mujeres que realizaron un plantón frente a esa institución a la que demandan desde hace cuatro años que se pronuncie sobre el Recurso por Inconstitucionalidad interpuesto por la penalización del aborto terapéutico.

Las organizaciones de mujeres, que forman parte del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, aseguran que estudian jurídicamente la posibilidad de acusar a los magistrados por incumplimiento de funciones y retardo de justicia.

Marlin Sierra, Subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que “sería lamentable que una ley promovida por la CSJ, ahora sean los magistrados de ese Poder del Estado quienes sean los primeros en violentarla”. Con esto presentó un documento ante el doctor Rubén Montenegro Espinoza, Secretario de la CSJ, expresando que entregará a los magistrados el escrito y les transmitirá lo expresado por las peticionarias. “Hoy tenemos reunión y discutiremos eso”, dijo el funcionario.

Marta María Blandón alegó que los magistrados debieron, según los procedimientos de ley, pronunciarse 60 días después de entregado el Recurso por inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley 641, Código Penal, en los incisos que penalizan el aborto terapéutico, sin embargo, han pasado cuatro años sin que se pronuncien, a pesar de la insistencia no solo de organizaciones nacionales, sino también a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Incumplimiento alegado

“Estarían incumpliendo la Ley 779 en su artículo 16 Violencia en el Ejercicio de la Función Pública. Estudiamos desde el punto de vista jurídico la posibilidad de acusarlos por violar esa ley”, dijo Blandón.

El artículo dicta que “quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo, de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente ley, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un período de tres a seis meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan”.

El artículo también señala otro tipo de sanciones según la acción y omisión del funcionario, entre estas, que si “como resultado de las conductas anteriormente señaladas, se pusiesen en concreto peligro la vida e integridad de la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo por el mismo período”.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Manuel Martínez Sevilla, miembro de la Sala de lo Constitucional del Supremo Tribunal, dijo que el recurso por inconstitucionalidad no ha sido resuelto por “abulia” de sus colegas.

“Eso --el recurso por inconstitucionalidad-- no se resuelve por falta de voluntad o politiquería de los colegas magistrados, porque Manuel Martínez está dispuesto a resolverlo”, afirmó, aunque no dijo en qué sentido emitirá su voto para evitar ser recusado en el futuro.

En declaraciones a los periodistas, el miembro de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, agregó que el expediente relacionado con el referido recurso está guardado en el despacho del presidente de esa sala, magistrado Francisco Rosales.

El Nuevo Diario buscó la versión del presidente de la Sala de lo Constitucional, magistrado Francisco Rosales, pero a través de la Dirección de Relaciones Públicas de la CSJ, se informó que estaba fuera de su despacho.

 

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