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Más de siete meses han transcurrido desde que la jueza Cuarto Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Managua, María Carolina Ortega, ordenó la libertad de Jimmy Antonio Gavarrete Mairena, sin que hasta la fecha la resolución haya sido cumplida.

Ada Francis Mairena Montalván, madre del Gavarrete, denunció que su hijo sigue preso de manera ilegal, y que las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario Nacional, SPN la “bolean”.

La jueza Ortega ordenó la libertad de Gavarrete el 29 de noviembre de 2011, tras declarar extinta la pena por cumplimiento de la condena de 10 años a los que fue sentenciado por transporte ilegal de estupefacientes.

Mairena Montalván dijo que las veces que ha llegado al penal de Tipitapa a exigir la libertad de su hijo, los funcionarios del SPN le dicen que es en el Ministerio de Gobernación donde deciden si se cumple o no con las órdenes judiciales.

La madre de Gavarrete relató que varias semanas después de la resolución judicial a favor de su hijo, una funcionaria del SPN le confirmó que la orden de libertad no es ejecutada “porque está retenida por estar bajo investigación”.

El 16 de abril de 2012, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, envió una carta al jefe de la Cárcel Modelo de Tipitapa, José Luis Gómez Suazo, urgiéndole cumplir con la orden de libertad, sin obtener respuesta alguna.

El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Armengol Cuadra López, dijo que las únicas órdenes de libertad que están sujetas a revisión son las relacionadas a casos de narcoactividad.

“Como en el pasado se han dado falsificaciones de firmas, es que se está haciendo una pequeña revisión --de las órdenes de libertad-- en coordinación con el Ministerio de Gobernación”, explicó López Cuadra, agregando que la misma no debe extenderse por meses como ha sucedido en este caso.

Sin embargo, el artículo 150 de la Constitución, que es la máxima ley del país, establece con claridad que las órdenes o resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para todas las personas.

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