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Fray Julián Cruzalta, teólogo mexicano que estuvo en Nicaragua para abordar el tema “El Estado laico”, afirmó que un Estado no debe imponer criterios religiosos a la población, porque esto viola los derechos humanos religiosos, y se debe legislar con neutralidad.
Cruzalta, quien estuvo en el país invitado por el programa feminista La Corriente, afirmó en entrevista con El Nuevo Diario, que el Estado laico no está contra la religión, pues entre sus funciones está garantizar los derechos y libertades, y entre estos figuran el proteger la libertad religiosa para todos; católicos o no católicos, e incluso el respeto a los no creyentes.

 

Tildado de abortista, de falso fraile y de haber sido desautorizado para decir que es parte de la orden de los Dominicos, es lo que con su discurso progresista se ha ganado fray Julián Cruzalta, de origen mexicano, quien estuvo en nuestro país varios días para abordar el tema “El Estado laico”, por invitación del programa feminista La Corriente.

Fray Julián Cruzalta, de ameno discurso que se centra en el respeto de los derechos humanos y la crítica a la intervención religiosa en las leyes estatales, se especializó en Teología Moral, con Diplomado en Derechos Humanos.

Es miembro de la Red de Académicos e Investigadores de Derechos Humanos de México, miembro de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en los últimos años ha llevado su discurso a casi una docena de países.

Uno de sus alegatos es que la intervención eclesial, propiamente Católica, afecta los derechos y libertades ciudadanas, al imponer un pensamiento religioso a través de la aprobación de leyes.

“Si esta gente --representantes del Estado-- tiene vocación religiosa, entonces se equivocaron de profesión. Deberían estar en un seminario, no en el gobierno”, afirma el teólogo.

A propósito de su tema, recientemente los diputados de la Asamblea Nacional sesionaron en León, en conmemoración del Centenario del Patronazgo de la Virgen de La Merced, y esta no es la primera vez que hacen su labor pública en saludo a conmemoraciones religiosas. También lo han hecho en la iglesia de San Felipe, cuando se le proclamó monumento histórico, y en la Catedral de León, conmemorando el 400 aniversario del traslado de la ciudad desde Imabite a Sutiava.

Cruzalta menciona que el Estado laico no está contra la religión, pues entre sus funciones está garantizar los derechos y libertades, y entre estos figuran el proteger la libertad religiosa para todos; católicos o no católicos, e incluso el respeto a los no creyentes. Sin embargo, también se debe ser neutral a la hora de legislar.

¿Cree que un gobierno puede ser neutral cuando una mayoría tiene religión y predominantemente es católica?

“El Estado no puede encarnarse en una iglesia en particular o en un creencia religiosa. Por cuestión social, la mayoría somos judeo-cristianos de diferentes iglesias, pero hay una minoría que no lo es y de igual manera se les debe considerar ciudadanos de primera. Ahora la cuestión es cómo un Estado, con mayoría católica, respeta las diversidades religiosas. Uno de los alegatos para imponer criterios es ‘la mayoría’, pero el Estado tiene la obligación de garantizar derechos a mayorías y minorías”.

La iglesia en nuestro país tiene mucha influencia en las decisiones parlamentarias. Un ejemplo es su concepto sobre la constitución del no nacido, al que determina con alma desde la concepción, y esta no puede quitarse, por ser pecado. Así hubo presión de los sectores religiosos y al final se penalizó el aborto terapéutico en Nicaragua. ¿Qué consideraciones tiene sobre este tema tan polémico?

“Yo no confronto lo que dice la iglesia. Que yo esté o no de acuerdo desde un criterio personal, no es el asunto. Lo que ocurrió aquí es lo que antes mencionábamos: un Estado laico se comportó como un Estado religioso. No se puede obligar a la población a vivir criterios católicos. Así, lo que hizo el Estado nicaragüense es violatorio a los derechos humanos y está imponiendo una doctrina religiosa a la sociedad plural y diversa de Nicaragua, violando la libertad de conciencia. Esto les toca a los obispos católicos hacerlo con los fieles católicos. Eso último no lo discuto. Pero cuando un Estado impone una doctrina católica, está fallando a su mandato constitucional de laicidad. La Constitución nicaragüense no dice que el Estado será católico. Otros países sí lo son, tal como se hace en la Constitución de Costa Rica”.

“El problema no es la Conferencia Episcopal nicaragüense, ellos hacen su función. ¿Que la Conferencia Episcopal presionó? Claro que lo tenía que hacer. Todos los grupos con sus demandas van a presionar, pero frente a eso se necesita un Estado fuerte, con ética. Si la Conferencia Episcopal decide y hace las leyes, entonces que no haya Asamblea Nacional. La moral católica no puede ser la norma de un Estado”.

Otro tema polémico es la demanda de la diversidad sexual de que una pareja homoparental sea considerada familia en el Código de la Familia.

“En el mundo postmoderno ya no se habla de familia, sino de las familias. Son muchos los modelos de familias, y un Estado plural y diverso tiene que garantizar en la ley esos modelos de familias. En el fondo este es el mismo conflicto. La diversidad sexual paga impuestos, son ciudadanos, pero son vistos como ciudadanos de segunda. Que no tengan derecho a formar familia y que el Estado se los impida, a eso se le llama fascismo y no es un Estado democrático. Un Estado democrático garantiza derechos, no los impide, y formar una familia es un derecho humano básico. Por la visión religiosa se está negando derecho a la diversidad sexual, eso no lo puede hacer un Estado democrático. Si yo no estoy de acuerdo, si ya no creo en lo que me dice la iglesia, pues me voy. Yo me puedo exiliar de mi iglesia. El problema es que si no estoy de acuerdo con el Estado no puedo exiliarme de mi propio país. Por eso el Estado no puede comportarse como iglesia, y aquí nos encontramos a un Estado creyente en la práctica, que viola derechos humanos en nombre de sus creencias religiosas”.

“Vivo en una ciudad muy religiosa, como es la ciudad de México, y la ley garantiza el matrimonio a todo tipo de familias, y adopciones. A pesar de eso la gente sigue siendo religiosa, las iglesias no se han vaciado y los fieles siguen creyendo. Otra cosa es la iglesia: no permite matrimonios de la diversidad sexual, nadie se lo pide ni se lo exige, pero el Registro Civil lo permite porque es un aspecto legal de derecho. No se han cerrado templos católicos porque se permitan matrimonios de la diversidad sexual”.

¿Cómo ha logrado sostener esta visión siendo parte de un medio religioso que está caracterizado por el dogmatismo que impone una línea de pensamiento?

“Yo no entro mucho en contradicción con el aspecto dogmático católico, o sea, lo que digo no es catecismo, no discuto el dogma católico, yo veo al exterior. La iglesia Católica catequiza, evangeliza bajo sus normas a sus fieles. Esa es su labor. Para mí el problema no son las iglesias, sino el Estado, que no debe comportarse como una iglesia. Si en la iglesia ya no logramos convencer a la gente, tendremos que cambiar nuestras propias metodologías, pero no es el Estado el que debe hacerlo por la fuerza. En América Latina hay Estados que prácticamente le hacen el trabajo a la iglesia. Lo hacen cuando las creencias religiosas las vuelve ley. Aquí viene el asunto de la moral. El Estado debe tener valores, pero también una ética pública. Los gobernantes, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo tienen derecho a su fe religiosa, a manifestarla e ir a la iglesia a la que pertenecen. Por ser funcionario público no pierde ningún derecho ni el derecho a obedecer a su iglesia. Eso nadie lo puede cuestionar. Pero como funcionario no puede obligar a nadie a vivir sus valores religiosos individuales, no puede imponer sus creencias religiosas a la comunidad”.