Jorge Eduardo Arellano
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El presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Parlamento, Gustavo Porras, insistió a EL NUEVO DIARIO en que es “correcta” la posición de la Dirección de Adquisiciones del Ministerio de Salud (Minsa), de solicitar la revisión en su calidad de proveedoras del Estado de las empresas que incumplen con el abastecimiento de medicamentos y materiales médicos.

Pero aclaró que no se trata de eliminarlas del servicio que prestan. “Nadie está hablando de eso”, enfatizó.

Sin embargo, advirtió que en su calidad de representante de la Federación de Centrales de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), propugna para que se les demande.

“Yo propugno eso: demandarlas, llevarlas a juicio, porque si vos contratás a una empresa para que repare tu casa y te hace una chanchada, entonces le parás el pago y la demandás, de modo que nosotros exigimos que demanden a esas empresas que no han cumplido”, destacó.

El director de la División de Adquisiciones del Minsa, Ramón Cortés, confirmó el lunes pasado que hay al menos siete empresas que después de pasar por el proceso de licitación de la Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado, no entregan, en algunas ocasiones, el producto, lo que provoca problemas como el ocurrido en agosto pasado, cuando hubo desabastecimiento de ventiladores neonatales, y por la falta de esos materiales, fallecieron doce niños en el Hospital ‘La Mascota’, en Managua.

EL NUEVO DIARIO buscó la posición del MHCP al respecto pero no se logró obtener información.


Solicitan audiencia con el ministro
El gerente general de la empresa Farmaeuropea, Salvador Urbina, recalcó por su parte que es “falso” lo expuesto por el funcionario del Minsa.

“Nosotros hemos cumplido a cabalidad con la entrega de medicamentos y materiales de reposición, tenemos doce años de trabajar con el Minsa, y nos extraña que nos digan que estamos incumpliendo, quizá se trata de un malentendido, de un error”, manifestó Urbina, el único representante de las empresas mencionadas que dio la cara.

Urbina mencionó que ya solicitó a través de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, una reunión con el titular del Minsa, Guillermo González. “Queremos que él nos explique en qué hemos fallado, aunque debe haber un error porque no hemos incumplido, y en ese caso queremos una rectificación, queremos que nos quiten de esa lista”,
reiteró.

En tanto, el nuevo secretario general del Minsa, Enrique Beteta, señaló que no conoce el caso.

“Tengo un día de haber asumido el cargo, no sé nada sobre eso, no sé si es cierto o no (lo expuesto por Cortés), y sería un irresponsable si comento algo sobre eso”, comentó al ser consultado sobre el tema.


Quieren reformar ley
Porras, sin embargo, detalló que están revisando la Ley No. 323 para, precisamente, evitar más incumplimiento de parte de las empresas proveedoras.

“Lo que queremos proponer es un cambio completo. Prácticamente queremos una nueva ley, porque lo que tenemos ahorita es un adefesio: es una ley que está diseñada expresamente a favor de las transnacionales, a favor de los grandes importadores y en contra de la población”, justificó.

Según el diputado, la comisión que preside está en estos momentos en el proceso de convocatoria para discutir la ley. “Pero esto (la reforma total a la ley) es algo que es urgente”, reiteró.

El parlamentario en ese contexto recordó que el proceso de adquisiciones es lento en el país, lo que hace que la reposición de materiales en los ministerios sea también lenta.

Aparte de eso, “compramos cinco veces más caro, una parte de la empresa privada (que es proveedora del Estado) no cumple con tiempo o se declara incapaz de cumplir… entonces hay que identificar bien eso y levantar la bandera de cambiar la ley que hicieron los salvajes neoliberales y el Banco Mundial”, sostuvo.

Al respecto, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público y ex titular del Banco Central de Nicaragua (BCN) durante el gobierno de Enrique Bolaños, Mario Arana, afirmó que la ley, que entró en vigencia a finales del Gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán, sí amerita de cambios, ya que dificulta un proceso de contrataciones “ágiles y expeditas”.

Pero “no es cierto que sea una ley que sólo beneficie a los grandes importadores, eso es algo floreado, sí creo que debe cambiarse, porque entre otras cosas, la ley hace muy fácil las impugnaciones y eso atrasa las obras del sector público, pero considero que el cambio que se haga debe hacerse en consulta con todos los sectores”, opinó.