Eloisa Ibarra
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La Procuraduría General de la República (PGR) consiguió que le admitieran una apelación con lo cual quedó suspendido el pago de más de seis millones de dólares por parte del Estado a dos productores que promovieron una acción reivindicatoria contra el extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).

La demanda con acción reivindicatoria contra el Banic, fue promovida en 2002 por Buenaventura Gutiérrez Rizo y Estela de Jesús Rizo Gutiérrez, ante el Juzgado de Distrito Civil de Jinotega, que emitió una sentencia a favor de éstos, lo cual fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones y luego la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Este año, los Gutiérrez iniciaron el juicio de ejecución de sentencia, lo cual fue tramitado por el juez de Distrito Civil de Jinotega, Alberto Martínez Guerra, quien dio lugar a la subasta de los bienes, supuestamente del Banic, para pagar los más de seis millones de dólares a los demandantes.

En junio pasado, la PGR, el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presentaron incidentes de nulidad absolutos y perpetuos, ante el juez Martínez, quien el pasado 21 de agosto les notificó la sentencia en la que declara sin lugar las nulidades y los incidentes.

La PGR recurrió de apelación contra la decisión del juez suplente civil de Jinotega, Marcos Zamora, quien tramitó las diligencias para llevar a subasta bienes que la Procuraduría alega son propiedad del Estado, pues pasaron al Banco Central de Nicaragua (BCN) y por consiguiente de acuerdo a la ley son inembargables.

Argumenta la PGR que mediante escritura pública número uno, dación en pago en abono parcial a deuda, el Banic transfirió todos sus activos a favor del BCN, y éstos fueron transferidos al Estado, y partiendo de eso, los embargos practicados son ilegales, ilegítimos y nulos.


“Bienes del Estado no se embargan”

La Procuraduría interpuso un incidente de nulidad absoluta y perpetua, lo cual, según dijo el juez Zamora, fue rechazado por él, porque en los juicios de ejecución de sentencia no caben los incidentes, sólo la tercería de ejecución.

Sin embargo, la apelación de la PGR fue admitida ayer por el juez de distrito civil de Jinotega, Alberto Martínez Guerra, confirmó su suplente, Marcos Zamora, quien considera que la Procuraduría ha manipulado y tergiversado la situación, porque la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia a favor de los Gutiérrez.

El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, afirmó que, aunque la Sala Civil haya confirmado la sentencia a favor de los demandantes, si los bienes fueron adjudicados al Estado, el juez no puede subastarlos, porque los bienes del Estado son inembargables y no pueden subastarse.

El pago de los más de seis millones de dólares es en concepto de: producción cafetalera del ciclo 1999-2000, plantas de café en vivero, reposición de cafetos producidos sobre 25 manzanas, recuperación de los niveles de producción, fertilizantes, motobomba, agroquímicos e intereses sobre las sumas que representan cada uno de los puntos mencionados.