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Activistas del Movimiento Pueblo Unido, desalojados por supuestos trabajadores de la Alcaldía de Managua de la Plaza Benito Juárez, frente al Consejo Supremo Electoral, denunciaron ante organizaciones de derechos humanos el atropello del que fueron víctimas, y solicitaron su apoyo para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

A pesar de que siguen siendo hostigados, aseguraron que continuarán protestando pacíficamente contra los magistrados electorales.

Carlos Bonilla, uno de los protestantes, señaló que la agresión no quedará impune, pues la denuncia será llevada a nivel internacional para que se conozca lo que realmente sucede en Nicaragua.

“Seguiremos protestando. Trabajaremos por hacerlo del conocimiento internacional si aquí no quieren hacer justicia. Esto no va a quedar así”, expresó Bonilla, agregando que su acción era pacífica y sin banderas políticas.

Los denunciantes aseguraron que durante el ataque en su contra no encontraron protección en las autoridades, y dado que no cumplieron con su deber como Policía Nacional, por omisión, la institución es señalada de complicidad, pues a pesar de tener un bloqueo vial, cedieron el paso a los camiones cargados de supuestos trabajadores de la municipalidad.

Denuncian robos

Humberto Castilla Toledo, uno de los quejosos, reclamó a la municipalidad por el robo de celulares, una cámara y un ordenador portátil, demandando que le sean devueltos sus aparatos. Además, denunciarán a la dirección de la Alcaldía de Managua en el Ministerio Público, pues aparentemente no solo utilizaron a su personal, sino también les prestaron los medios para consumar la agresión.

El Nuevo Diario intentó comunicarse en varias ocasiones con la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, para conocer su posición en torno al caso, pero no atendió su teléfono móvil.

Por otra parte, tanto Lisseth Sequeira como Luis Herrera aseguran haber sido amenazados, fotografiados y seguidos por hombres que se movilizaban en motocicletas.

Incluso el doctor Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que luego de que el viernes los jóvenes visitaron esta instancia de derechos humanos, una moto lo siguió.

Cuevas señaló que la agresión ocurrió a pesar de que el comisionado general Francisco Díaz se había comprometido con el resguardo de la seguridad de los protestantes. El asesor de CPDH dijo que darán acompañamiento legal a las acciones de los denunciantes.

El caso también fue denunciado en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde su presidenta, Vilma Núñez, dijo estar indignada por la acción, principalmente si fue perpetrada por trabajadores de la municipalidad.

Núñez comparó la acción a las realizadas durante la dictadura de Anastasio Somoza, quien utilizaba a su seguidora, Nicolasa Sevilla, para reprimir a quienes ejercían su derecho a la protesta cívica y pacífica. Así mismo, la presidenta del Cenidh criticó la falta de acción de la Policía.

El Nuevo Diario llamó al comisionado mayor Fernando Borge, Director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, para conocer la posición de la institución ante las acusaciones de supuesta complicidad, sin embargo, no contestó las llamadas.

 

(Con colaboración de Jessie Ampié)