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  • Tomado de confidencial.com.ni

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, quiere desalojar de sus casas a más de una docena de familias, con el argumento de que las viviendas que habitan fueron construidas sobre terrenos que supuestamente pertenecen al Banco de la Vivienda de Nicaragua (el extinto Bavinic), el cual se las habría dado al Instituto en pago por una deuda de C$23 millones.

Como en otros casos similares, no se trata de construcciones humildes ni de familias recién instaladas en un terreno baldío de escaso valor. El reclamo del INSS, que se ventila en el Juzgado Octavo de Distrito de lo Civil de Managua, incluye un valioso terreno de 13 manzanas de extensión, situado en las cercanías de Villa Fontana, donde hay familias que habitan la propiedad desde hace casi dos décadas, en algunos de los casos.

Igual que en otros reclamos previos, la propiedad en disputa también fue afectada por un proceso de reforma agraria, a la que los reclamantes se presentaron acompañados de la Policía, tratando de tomar posesión por la fuerza, incluso antes de que un juez se pronunciara al respecto.

Replicando una práctica ocurrida en otros casos, la Procuraduría General de la República terció en el litigio, poniéndose rápidamente del lado del reclamante, en contra de quienes poseen la propiedad, y se proponen demostrar que tienen la posesión y el dominio de los terrenos en juicio.

En el caso de las 13 manzanas de Villa Fontana, el INSS quiso hacerse con la posesión del terreno en disputa “aun antes de siquiera presentar su demanda ante un juez”, explicó el abogado Marco Benavente Gómez, del bufete García & Bodán, que representa a la familia Garzón, una de las afectadas en este nuevo reclamo por propiedad.

Según la demanda presentada el pasado 18 de enero por José Armando Robleto Zúniga, Apoderado General Judicial del INSS, el 7 de febrero de 1980, el Estado adquirió “la universalidad de todos y cada uno de los bienes que poseía la sociedad mercantil de carácter anónimo Urbanizadora Amalia, Sociedad Anónima”, por medio del decreto confiscatorio número 282.

La autoridad decidió en ese momento asignar esos bienes en dominio y posesión del entonces Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic, ahora en liquidación), por medio del decreto número 33 del 8 de febrero de 1980.

Entre esos bienes estaba incluido un lote de terreno de 217,052.3 metros cuadrados, que después de varias desmembraciones se redujo a 94,113.55 varas cuadradas. Como correspondía, el Bavinic inscribió la propiedad, en lo que se constituyó el asiento segundo de la historia registral del terreno.

Según la relación de hechos presentada por el abogado Robleto Zúniga, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, en representación del fenecido Bavinic, autorizó que las 13 manzanas de terreno se le entregaran al INSS, en pago por una deuda de C$24.3 millones que el Banco tenía con el Instituto.

Garzón compró lotes entre 1993 y 1994

El problema es que el 15 de noviembre de 1989, el entonces Ministerio Agropecuario y de Reforma Agraria, Midinra, entregó 13 manzanas de la propiedad a un grupo denominado “Colectivo Hernández Calderón”, por medio de un título de reforma agraria, lo que abrió una nueva historia registral y real de esas tierras.

Poco más de un año después, en diciembre de 1990, el “Colectivo Hernández Calderón” vendió a un ciudadano de nombre José Lacayo Páez el área total que habían recibido, y este procede a inscribirla en el Registro Público de la Propiedad de Managua.

Poco después, Lacayo divide la propiedad en lotes, de los que vende tres en agosto de 1993 y en octubre de 1994 al orfebre Carlos Garzón Bellanger, que procede a inscribirlos en el Registro, y los poseyó hasta su muerte, acaecida en 2007, cuando los hereda a sus hijos y hermanas.

Los herederos fusionan la finca en una sola propiedad, movimiento que inscriben en el Registro en abril de 2008, procediendo entonces a dividirla nuevamente, solo que esta vez en seis lotes que inscriben en diciembre de ese mismo año.

Dado que las seis manzanas propiedad de Garzón conformaban una sola finca llamada “La Garzonier”, en donde estaba situada la casa de habitación del artista del oro (mientras que el resto de la propiedad no era más que predios vacíos), los herederos decidieron rifar entre ellos quién se quedaría con la casa.

Rafael Garzón, hijo mayor del fallecido, relató a Confidencial que él salió favorecido por la suerte para quedarse con la casa del padre de todos, pero que decidieron volver a sortearla, ante lo que parecían manifestaciones de molestia de alguno de los que no tuvieron tanta suerte como él.

Una nueva rifa volvió a beneficiarlo a él, por lo que ya no hubo más espacios para la inconformidad, procediendo los demás herederos a quedarse con el resto de los lotes.

INSS llega a reclamarla en 2011

La tranquilidad de la familia se vio rota a finales de 2011, cuando un representante del INSS llegó hasta la casa que habitaba el heredero Garzón junto a su esposa e hijos, rompiendo el portón que da acceso a la finca, y anunciando que llegaba a tomar posesión en nombre del Instituto.

Garzón y sus hermanos enfrentaron a los invasores, que procedieron a retirarse ante la posibilidad de que la familia reaccionara con la violencia que puede resultar habitual en este tipo de casos.

El lugar de los invasores fue ocupado poco después por dos patrullas policiales que se presentaron a la finca, anunciando que llegaban a apresar a Garzón, a quien acusaban de usurpar la propiedad, aunque al final se retiraron al percatarse de que estaban en presencia del verdadero dueño del terreno.

Dado que no pudieron apropiarse del lote por las vías de hecho, el cuerpo legal del Instituto recibió la orden de iniciar un juicio en contra de la familia Garzón y de otras trece familias que ocupan otras tantas viviendas que fueron construidas en una parte del terreno, atacando la nulidad del título de reforma agraria, y acusando a los actuales propietarios de “tráfico jurídico irregular”, que habrían actuado de “intereses mezquinos”.

La argumentación jurídica del INSS

Según la acusación, el título de reforma agraria se otorgó “en contraposición al espíritu y contenido de la ley”, por cuanto no estaban sujetas a ese proceso las propiedades de menos de 50 manzanas, en caso que estuvieran ubicadas en Managua, o el resto del Pacífico.

Del mismo modo, el abogado del INSS argumenta que según la Ley, “no tendrán validez legal los títulos de reforma agraria otorgados dentro del límite urbano de la ciudad de Managua”, todo lo cual bastaría para desconocer la propiedad de sus actuales dueños, y pasarla al Instituto, como pretende la entidad.

Tanto el abogado Benavente como Rafael Garzón, argumentan que “en esa época, esos terrenos estaban ubicados en la periferia de la ciudad, de modo que no podría argumentarse que estaban en la zona urbana de Managua. Si ese argumento fuera válido, también tendrían que desconocer a los actuales propietarios de todo lo que está alrededor de la pista “Jean Paul Genie”, tales como Puntaldía, el Club Terraza, etc.”, aseguró.

El representante legal del INSS asegura que “la Ley 278 mandata que los títulos de reforma agraria otorgados sobre propiedades ubicadas en el área urbana de la ciudad de Managua no tendrían validez legal”.

Según su entender, “el centro metropolitano está localizado en la antigua área central y terreno sur de la laguna de Tiscapa”, área que conformaría “el centro principal de la ciudad y su región, zona en la que está ubicada la propiedad de mi mandante”.

Robleto respalda su acusación de “tráfico jurídico irregular” y de “intereses mezquinos”, asegurando que “desde que se produjo el contraproducente jurídico de asignación mediante el título de reforma agraria, nunca han tenido el uso, goce, disfrute, posesión ni dominio de la propiedad para uso de agricultura, menos para uso de vivienda de cada uno de los integrantes del colectivo”.

A su juicio, la propiedad “fue sometida constantemente a tráfico jurídico ilegal… por medio de múltiples actos indebidos mediante los cuales realizaron de muy mala fe, supuestas compra-ventas y desmembraciones”, lo que habría tenido como fin confundir al supuesto dueño (el INSS), como expresión de mala fe.

Para Robleto, las escrituras que dan fe de que José Lacayo Páez, compró la propiedad al “Colectivo Hernández Calderón”, “fueron declaradas falsas por sentencia” del juez Tercero de lo Civil de Distrito de Managua, en julio del 99, “de lo que resultó la cancelación de las cuentas registrales nacidas de ellas”.

Defensor: Garzón es tercer adquirente de buena fe

Ninguno de estos argumentos inmuta a Benavente, asesor legal de la familia Garzón, quien se ampara en un solo articulo de la Ley, el que a su juicio es bastante defensas en contra de las aseveraciones y acusaciones de Robleto: “Mi cliente es un tercer adquiriente de buena fe. Nada tenemos que ver con lo que haya sucedido antes que compraran la propiedad”.

A su juicio, aun si hubiera alguna lógica en que “el Estado diga 20 años después que lo que hizo el mismo Estado dos décadas antes estuvo mal hecho, eso ya no puede afectarnos a nosotros”, añade.

De forma adicional, la familia Garzón asegura que “no se puede vincular que la propiedad La Garzonier proviene de la Urbanizadora Amalia vía Registro, pues el decreto confiscatorio no señala cuenta registral de antecedente.

Nada de eso parece tener mayor valor, a juicio del abogado Robleto, quien asegura que se cometieron “actos ilícitos e ilegales que tuvieron como objeto fundamental… crear mediante escrituras públicas, terceros registrales de buena fe”, lo que le parece “inconcebible jurídicamente”.

Robleto, representante legal del INSS, menciona una serie de sentencias dictadas a principios de los años 60, para tratar de descalificar como “terceros adquirientes de buena fe” a quienes le compraron a Lacayo Páez en diciembre de 1990.

Entre los “actos ilícitos e ilegales”, el representante del INSS menciona “el realizado por el señor José René Danilo Lacayo Páez, quien falsificó escrituras públicas de compraventa y ratificación de venta inmueble que fueron declaradas falsas y cancelados sus asientos por sentencia”, de donde habría surgido el origen del dominio de la familia Garzón sobre la propiedad.

“No existe buena fe, si todos y cada uno de los que participaron en el tráfico jurídico ilegal de la propiedad de mi mandante, obraron a conciencia contra ley expresa, quienes no pueden argumentar desconocimiento de la ley”, insiste Robleto.

Aunque algunos de los integrantes de las familias afectadas acudieron a buscar apoyo para su causa entre diversos personeros del partido en el gobierno, las promesas incumplidas de sus interlocutores les obligaron a pasar a una etapa de divulgación en los medios, con la esperanza de que un veredicto favorable de la opinión pública, les ayude a lograr el mismo objetivo en el Juzgado Octavo de Distrito de lo Civil de Managua.

 

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