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Carlos Alberto Vargas Solís, exasesor legal de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, fue despedido en febrero de 2009 bajo la nueva administración del director Virgilio Silva, por lo que demandó a dicha empresa ante los Juzgados Laborales y el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones de Managua, TNLAM, para que lo reintegraran en su cargo, pero asegura que los magistrados de esta última instancia judicial, lejos de apoyarlo, se constituyeron en juez y parte, beneficiando a la EPN.

La demanda que procuraba su reintegro la interpuso en el Juzgado Segundo del Trabajo, instancia que tres años después dictó no ha lugar, por lo que apeló la sentencia ante los magistrados del TNLAM, quienes confirmaron la decisión del judicial de primera instancia.

“Los magistrados dieron no ha lugar a mi apelación después de estar estudiando por 10 meses mi expediente, cosa que pongo en duda que lo hayan estudiado, ya que ellos alegaron que yo ocupaba un cargo de confianza, y, por ende, la empresa podía despedirme. Ninguna de las partes alegó tal pretensión, ni tampoco fue el objeto de mi demanda, sino que me reincorporaran, por lo que los magistrados se parcializaron a favor de la EPN constituyéndose como juez y parte del caso”, se quejó Vargas.

Irene Díaz, vocera del TNLAM, dijo que “los magistrados confirmaron la sentencia de primera instancia y lo hicieron apegados a derecho”.

Motivo: se opuso a ir a las rotondas

Vargas dijo que su cargo no era de confianza, y a pesar de que ese fue el alegato de los magistrados, tampoco recibió una liquidación con base en esa tipificación. Aseveró que el empleador, en ese momento, no respetó el fuero sindical, ya que él fungía como secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados de la EPN.

“Me despidieron porque se me llevó contra mi voluntad a la rotonda de Plaza España a un acto partidario, me negué inclusive a ponerme camiseta roja y negra y a agitar banderas partidarias”, sostuvo el exasesor legal de la EPN.

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