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El proyecto hidroeléctrico Tumarín incrementó sus costos de ejecución en US$300 millones, pasando de US$800 millones en 2009 --cuando se aprobó y publicó la Ley Especial para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico, Ley 695--, a US$1,100 millones, según la reforma a dicha legislación que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma en su exposición de motivos establece que en la Ley Especial de 2009 se estableció que el proyecto hidroeléctrico contaría con una “potencia instalada” de 180 megawatts (MW), “y con un conjunto de turbinas, cuya capacidad media anual de generación de energía se estimó en 870 gigawatts/hora (GW/h); de igual forma, de una línea de transmisión (230 kilovoltios) de unos 70 kilómetros de extensión, y de una presa de concreto estimada en 60 metros de altura”.

“Desde el año 2009 a la fecha, el desarrollador del proyecto, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua S. A. CHN, ha modificado en beneficio del proyecto hidroeléctrico Tumarín, las características de la obra, estableciendo el nuevo aprovechamiento hidroeléctrico…”, se lee en parte de la justificación de la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Ese “nuevo aprovechamiento”, establece una “potencia instalada de 253 MW, con un conjunto de unidades generadoras, cuya capacidad media anual de generación se estima en 1,184 GW/h; una presa de enrocado y concreto estimada en 63 metros de altura y una carretera de alrededor de 50 kilómetros, desde San Pedro del Norte hasta el sitio del proyecto”. La línea de transmisión también pasa de 70 a 81 kilómetros de longitud.

Agrega el documento que “esos cambios ameritan la necesidad de modificar la Ley Especial que establece los parámetros básicos para el desarrollo y ejecución del proyecto”. No obstante, según la iniciativa de reforma, “lo anterior también ha sido solicitado por los inversionistas brasileños encabezados por la empresa estatal de generación de energía de Brasil, ELETROBRAS…”.

Exoneraciones, y exenciones de impuestos

Dado que la inversión será de US$1,100 millones, la iniciativa de reforma hace hincapié en la “necesidad de establecer una serie de disposiciones que ofrezcan seguridad jurídica a la inversión, tales como el derecho a los mecanismos alternos de la resolución de conflictos que pudieran surgir entre el desarrollador y las instituciones gubernamentales; así como establecer una serie de incentivos fiscales más claros… y, por último, contar con los parámetros correctos para el traspaso de dicho proyecto a favor del Estado de Nicaragua”.

La reforma establece que en el primer año de operación --que se espera sea en 2017-- “significará un ahorro en los costos de generación de energía que se trasladarán a la tarifa de los clientes, de aproximadamente US$633.3 millones en demanda media; y de US$770.9 millones, en demanda alta”.

Los “beneficios fiscales”, según la reforma, serán los mismos que establecen los numerales 4, 5 y 6 del artículo 7 de la Ley de Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables, Ley 532, publicada en mayo de 2005, con la diferencia de que el período de exoneración de impuestos municipales será de 15 años para el proyecto Tumarín, pues en la Ley 532, el plazo es de 10 años.

“Las exoneraciones de los tributos municipales sobre bienes inmuebles, matrícula e Impuesto sobre Ingresos se aplicarán de la siguiente manera: 75% durante los primeros cuatro años (de operación); el 50% durante los siguientes seis años; y el 25% durante los últimos cinco años”, se lee en la propuesta de reforma en la parte de las exoneraciones fiscales.

Además, se establece una “alícuota” del 3% sobre las utilidades generadas en los primeros 15 años para Tumarín, una exoneración concesional, considerando que en la Ley 532, y conforme con la Ley de Equidad Fiscal, es de siete años como máximo.

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