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Mientras a través de internet el ciudadano canadiense Alexander Thorn hacía un falso ofrecimiento de inversiones y ventas de zonas costeras de Playa Amarillo, en el municipio de Tola, miembros del denominado “Movimiento de Amarillo”, aseguran que 30 manzanas que les pertenecen ya están siendo negociados con inversionistas, y que el gobierno está sirviendo de mediador.

Tal versión la confirmaron a El Nuevo Diario Amílcar Paisano y Orlando Aguirre, quienes son parte de la jefatura de cada uno de los nueve grupos que desde la década de los 90 han venido exigiendo la titulación de 30 manzanas localizadas frente a dicha playa.

Según Paisano, a cada uno de los grupos el presidente Daniel Ortega les entregó sus títulos hace tres años en una actividad realizada en Granada, y aseguró que aún no están inscritas en el Registro Público de Rivas para protegerlas. “Pero los títulos ya están en poder nuestro y tenemos el respaldo del gobierno”, manifestó.

CONSENSO

Aseguró que con la titulación de las 30 manzanas resultaron favorecidas 652 cabezas de familia, y que los miembros de todos los grupos están de acuerdo en vender la propiedad.

“Mi persona y Orlando Aguirre somos las fuentes para entablar las negociaciones y discutir los términos de venta, teniendo en cuenta la participación del gobierno para garantizar el trámite legal de la propiedad, y un trasparente manejo de los recursos obtenidos producto de la venta”, añadió.

Señaló que a los inversionistas de Rancho Santana ya les hicieron una oferta, y que estos quedaron en resolver la propuesta, “porque no son ni diez ni veinte pesos lo que vale esta propiedad, sino que hablamos de una inversión millonaria”.

Los nueve títulos a los que se refieren los integrantes del Movimiento de Amarillo fueron entregados inicialmente en Tola, nueve días antes de las elecciones municipales de 2008, por el exprocurador de Rivas, Wilber Ibarra, pero nunca fueron inscritos; la lista de beneficiados fue depurada y los títulos fueron entregados de nuevo en Granada por el presidente Ortega, pero tampoco han sido inscritos, y el registrador público de Rivas, Pedro Muñoz, ha confirmado que dicha propiedad sigue a nombre del Estado.

No todos quieren vender

Los grupos fueron numerados del uno al nueve, y unos que dijeron pertenecer al grupo siete, aseguran que no tienen interés en vender sus lotes, y que lo que quieren es hacer sus casitas en sus respectivos terrenos. Uno de estos casos es el del concejal de San Jorge, Eduardo Morales Yuban.

Joaquín Céspedes, al igual que Morales, asegura que no es negociante de tierras, y que lo que quiere es que todos los del movimiento resulten beneficiados.

En ese sentido, pidió a la Procuraduría General de la República que se respete la escritura pública número 99, que fue con la que inicialmente recibieron las 30 manzanas, producto de una desmembración que hicieron al título de Reforma Agraria emitido el 16 de enero de 1988, a nombre de César Trinidad Ibarra, y que comprendía 71 manzanas.

De acuerdo con Céspedes, la escritura 99 la elaboró la abogada Sonia Calderón en diciembre de 2006, y en representación del grupo aparece a favor de tres personas, pero todo quedó en papel, y responsabiliza a la PGR de haber inscrito posteriormente las tierras con minutas descriptivas por considerarlas áreas del Estado, y a la fecha así permanecen.

Pero tanto Aguirre como Paisano minimizaron las palabras de Céspedes y Morales, aduciendo que estos junto a otros del grupo siete ya vendieron lo que les pertenecía, e incluso se adjudicaron un remanente, “por lo que ellos ya nada tienen que hacer acá”.