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La Procuradora Especial de Cárceles, Elena López, consideró “acertada” la propuesta de excarcelar a por lo menos un mil reos del Sistema Penitenciario Nacional, SPN, y señaló que esto es parte de los beneficios que cada uno de ellos ya tiene según la ley.

“Quien inicialmente hizo esa propuesta fue el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, de liberar a los reos con penas menos graves, pues la situación de las cárceles es muy seria, y no hay posibilidades para albergar a tantas personas que actualmente están en hacinamiento”, dijo López.

Señaló que el problema se ha venido agravando, por lo que varias instituciones están buscando soluciones, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, es la más interesada en que no se violen los derechos humanos de los privados de libertad.

“Ya quedó conformada la Comisión Técnica, constituida por el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario, la Defensoría Pública, el Poder Judicial y la PDDH. Esta se encargará de ver caso por caso para aplicar el beneficio que corresponde a penas menos graves o sea de cinco años para abajo.

La PDDH estará observando las actuaciones de la Comisión, y que se cumplan los acuerdos planteados, a los que todos los presentes estuvieron de acuerdo”, expresó, señalando que entre los beneficiados no habrá condenados por violación, homicidio, asesinato, crimen organizado ni tráfico de drogas.

No liberarán a reos peligrosos

Asimismo, mencionó que la población no debe preocuparse, pues no se va a liberar a personas que atenten en contra de la seguridad ciudadana. Hasta el momento, no se han planteado plazos para las primeras excarcelaciones.

La procuradora también destacó que esta es solo una de las soluciones entre las propuestas. Otra es impulsar granjas, donando terrenos a los centros penitenciarios y destinando recursos, como parte del sistema reeducativo y parcial descongestionamiento de las celdas.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, comentó que esta no es una “salomónica” decisión, sino la restitución de un derecho conculcado, pues en el Sistema Penitenciario Nacional no se está cumpliendo con los diferentes regímenes de la sanción y los beneficios que este tiene, entre estos, el régimen semiabierto, el familiar y el abierto.

“El problema de este incumplimiento se observa en la saturación de la población penal. En la última visita realizada por la CPDH, al consultar por este incumplimiento nos dijeron que se debía a falta de personal para hacer evaluaciones y trámites”, expresó Cuevas, quien también señaló la falta de funcionamiento de los jueces de ejecución de pena, por eso le parece extraño que solo se hable de 1,000 privados de libertad que pueden ser favorecidos, y más bien considera que podrían ser casi el doble de la cantidad mencionada.

Según Cuevas, los pleitos protagonizados el año pasado en las cárceles tienen su origen en que prácticamente están durmiendo unos sobre otros, la alimentación no es suficiente, faltan medicamentos y las condiciones sanitarias son deplorables.

Se calcula que la población penal en el SPN, en nueve penales, es de unos 8,846 privados de libertad, en centros carcelarios que tienen capacidad solo para 4,724,