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La reducción de 30 a 25% de la tasa del Impuesto sobre la Renta, IR, a las actividades económicas, y la posibilidad de disminuir, “en su momento” el Impuesto sobre el Valor Agregado, IVA, siempre y cuando el escenario esté dado, son dos planteamientos que hizo ayer el Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, tras entregar su propuesta de reforma tributaria en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Apoyamos las medidas de la propuesta de reforma tributaria que redunden en una desgravación o disminución de las alícuotas impositivas o pago de los impuestos”, dice el documento que contiene 31 puntos, y que el presidente del Cosep entregó ayer formalmente al viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría.

Para el presidente de la cúpula empresarial, en el caso del IR, es necesario equiparar los tributos que se pagan en Nicaragua a una tasa efectiva de renta similar a la del resto de Centroamérica, pues de no hacerlo seguirá restando competitividad a las empresas.

“Compartimos con el gobierno el hecho de equiparar la tasa, es decir, la alícuota de la renta de las empresas al promedio de Centroamérica, a un 25%. No tendríamos que pagar la tasa más alta de la región centroamericana (…) Nicaragua está en 30%, que sea de manera gradual, eso nos ayudaría a ser más competitivos y nos daría flujos para mejorar la posición de las empresas”, destacó el presidente del Cosep.

En la propuesta, que fue previamente aprobada por el Consejo Directivo del Cosep, se considera necesario mantener el concepto de renta territorial o sistema de renta en la fuente en el ámbito de aplicación del IR.

En el caso de los asalariados, otra coincidencia del Cosep con la propuesta gubernamental presentada en julio pasado, es elevar el techo de la base exenta, pasando de C$75,000 a C$100,000.

El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, Luis Barbosa, dijo que acepta la propuesta de elevar el techo del IR hasta los C$120,000 de forma escalonada, a partir de los C$100,000.

Buscar escenarios en IVA

El caso del IVA, cuya tasa actual es del 15%, la más alta también a nivel de la región, es un “tema abierto” que daría lugar a una reducción de dicho impuesto siempre y cuando “el escenario esté dado”, dejó claro Aguerri.

Un escenario que podría presentarse --manifestó-- es si el gobierno, por ejemplo, decide reducir las exoneraciones que se dan por la vía de este impuesto, lo que podría “verse compensado con una reducción del IVA del 15% hacia abajo”, para no encarecer los precios de los productos.

El viceministro de Hacienda, José Adrián Chavarría, destacó que en una o dos semanas como máximo estarán convocando para iniciar negociaciones. En este contexto, señaló que ya recibieron propuestas de los trabajadores y de otros sectores de la sociedad.

“Las prioridades (del Gobierno) son tratar de hacer una reforma neutral, que contribuya a una mejor distribución de la renta y a conseguir una mayor recaudación. Todavía no podemos puntualizar, posteriormente estaremos dando (a conocer) los aspectos más concretos”, detalló el viceministro Chavarría.

Cuidar empleo

En ese sentido, el Cosep aboga porque en el marco de esta concertación se promueva la competitividad empresarial, la productividad laboral, la inversión y la generación de empleo.

“No queremos que la propuesta del gobierno sea de papel, la responsabilidad nuestra es asegurar que nos van a respaldar en ser competitivos en atraer la inversión, este es un tema toral en la discusión”, añadió Aguerri.

El documento sigue explicando que el sector empresarial está de acuerdo en que se revisen los sujetos y los bienes exentos, excepto bienes alimentarios de la canasta básica e insumos, bienes intermedios y bienes de capital del sector agropecuario.

Otra coincidencia con el gobierno es que se mantengan los incentivos y exoneraciones en sectores económicos estratégicos.

En ese aspecto, el Cosep aboga para que se fijen límites temporales, graduales y decrecientes para la aplicación de beneficios tributarios en aquellos casos que no han sido establecidos por ley. En principio se deben eliminar las exenciones no productivas, sostienen.

“Vamos a buscar las condiciones económicas que originaron las exoneraciones. Si siguen siendo reales y válidas, buscaremos cómo defender ese posicionamiento. Igualmente señalamos la canasta básica, que esté exenta la soberanía alimentaria y que la producción nacional pueda competir”, añadió Aguerri.

Reducir la “informalidad tributaria” y ampliar “la base de contribuyentes” es otro los puntos a los que dará seguimiento el sector privado.

“Consideramos que deben mantenerse los regímenes especiales y simplificados evitando el aumento de la informalidad”, detalla el documento.

Para diciembre

El sector privado considera poco probable que la concertación esté aprobada para septiembre próximo, y avizoran que la misma se extienda hasta diciembre.

“Aquí no estamos trabajando para consensuar una reforma que le dé más recursos al Estado”, añadió José Adán Aguerri.