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El bulevar ubicado frente al edificio donde en las próximas semanas se trasladarán los Juzgados y el Tribunal de Apelaciones de Managua, se está convirtiendo en un sitio apetecido por los comerciantes y por algunos abogados que tienen sus oficinas en los alrededores del Complejo Judicial de Nejapa.

Esto porque hace dos semanas los comerciantes lograron que Amaru Ramírez, funcionario de la Alcaldía de Managua, les ofreciera ese sitio para ubicar sus tramos, pero ayer una comisión de abogados también habría solicitado a la alcaldesa Daysi Torres ubicarse en el mismo sitio.

La abogada Gisela Miranda, miembro de la Comisión de Abogados, aseguró que la jefa de la comuna capitalina les habría dicho que la Alcaldía cuenta con siete manzanas de tierra cercanas al nuevo Compelo Judicial.

Según la litigante, entre esas siete manzanas está el referido bulevar, aunque reconoció que ellos --los abogados-- “tienen información extraoficial” de que este le pertenece al Estado, cuya representación la ejerce el gobierno central.

Miranda también dijo que la titular de la municipalidad delegó en Amaru Ramírez y en Fidel Moreno resolverles a los abogados que piden un pedazo de tierra para poner sus oficinas.

Al igual que tras la reunión con los comerciantes, hace dos semanas, en esta ocasión tampoco ningún funcionario de la Alcaldía de Managua brindó declaración alguna refrendando lo dicho por los demandantes.

Ana Ortega, miembro de la comisión de los comerciantes que tienen sus negocios en los alrededores del Complejo Judicial de Nejapa, rechazó una probable ubicación de oficinas de abogados en el mismo sitio.

“Entre ellos --los abogados-- y nosotros --los comerciantes-- tenemos más derecho nosotros que ellos. Nosotros tenemos derechos como comerciantes, y porque a nosotros nos fue prometido ese lugar de primero”, dijo la dirigente de los comerciantes.

Ortega señaló que un censo hecho por ellos, donde fueron incluidos los abogados que tienen sus oficinas en los alrededores del Complejo Judicial de Nejapa, estos no pasaban de diez, y no son todos los que llegan a litigar a los tribunales capitalinos como sugirió Miranda.