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En el segundo día de la jornada de apelación promovida por diez nicaragüenses y un estadounidense condenados por transporte internacional de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego, se completaron los argumentos de agravio de cuatro abogados defensores que no habían participado en el primer día de audiencia.

El más extenso en sus alegatos fue Ramón Rojas, defensor de Manuel Antonio Ponce, supuesto líder de la agrupación criminal, y de su esposa Paulina Monge, única mujer involucrada.

Ayer también hubo espacio para la Fiscalía cuyo representante efectuó su derecho a réplica. Los únicos abogados que no intervinieron fueron María Esperanza Peña (defensora de tres condenados) y Fabrith Gómez (defensor del extranjero), quienes el jueves ya habían presentado sus agravios.

“No hubo cocaína”

A lo que sí reaccionaron Peña y Gómez es a un comunicado emitido por el área de Divulgación del Tribunal de Apelaciones de Granada, que indica que a los procesados se les incautó una panga donde encontraron 400 kilogramos de cocaína. “Ese dato es totalmente errado, a ellos no les encontraron droga ni dinero. Nos preocupa porque esa información puede botar casos y dañar vidas”, enfatizó Gómez.

La abogada manifestó que el comunicado tendría que ser corregido por los funcionarios judiciales de Granada.

El proceso tiene la atención del Gobierno de Estados Unidos por la implicación de Jason Zachary Puracal, un norteamericano que llegó a Nicaragua en el 2002 como voluntario del Cuerpo de Paz de aquel país y se quedó. Sin embargo, en el 2010 fue detenido junto a otras diez personas, por –supuestamente-- pertenecer a una célula criminal dedicada a trasladar droga hacia El Salvador y Guatemala.