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Ana Isabel Zeledón, de 45 años, denunció que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, presuntamente “utilizó sus influencias” en la Sala Constitucional de ese Poder del Estado, para beneficiar a su exesposo, el empresario Héctor Sánchez Argüello, quien enfrenta un proceso por pensión alimenticia. Rosales aceptó ser pariente del demandado, pero dijo no recordar el caso.

Zeledón interpuso la queja ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde expuso que su exesposo es pariente de Rosales, lo cual explica el tráfico de influencias. Ella convivió con su expareja 15 años, y procrearon a un niño, que ahora tiene 14 años, pero se separó de él en 2010.

En junio de 2009 ella interpuso la demanda por pensión alimenticia contra Sánchez, y el pasado 18 de febrero de 2011, el juez Javier Aguirre, del Juzgado Tercero Local Civil de Managua, emitió una sentencia ejecutoria a su favor, no obstante, el empresario utilizó tácticas dilatorias, como la interposición de un recurso de inhibitoria contra el judicial de la causa, el cual fue rechazado por el mismo juez, y una solicitud de divorcio en los juzgados de Masaya.

Rosales acepta parentesco

La denunciante dijo que Sánchez, en su afán por evadir su responsabilidad, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, donde ni siquiera se presentó cuando fue llamado a comparecer. Pero dicho Tribunal declaró no ha lugar a la solicitud del demandado.

El magistrado Rosales aseguró que con el empresario tienen un bisabuelo en común, y se rehusó a explicar si cabe amparar a una persona cuando esta fue demandada por pensión alimenticia, aduciendo que estaba atendiendo a otra persona en su oficina.

“Primera noticia que tengo sobre eso, desconozco completamente que Héctor Sánchez haya sido demandado por alguien, no la conozco a ella (a la quejosa), es muy fácil decir aquí (que hay) tráfico de influencia (por) fulano o sutano, en este país todos somos conocidos… Aquí se fallan por decenas (las sentencias), nosotros sacamos 1,500 sentencias por año, 1,600 saqué el año pasado, así que no sé en qué caso salió”, se excusó Rosales.

Niño quedó desprotegido

Zeledón sostuvo que el Juzgado Segundo de Familia mandó a ejecutar un embargo en bienes suficientes en contra de su exesposo, pero este interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la CSJ. “El proceso es totalmente viciado, y muchas personas que saben de esto me han dicho que nunca habían visto una resolución como esta en contra de un menor, cuando al contrario, se supone que el gobierno y los magistrados promueven las leyes a favor de los menores”, se quejó la denunciante.

“El artículo 51 de la Ley de Amparo establece que no caben los recursos de amparo contra las actuaciones judiciales, por su mera competencia, y esta es una competencia del juez de Familia para realizar una acción, que, en este caso, se trataba de la ejecución del embargo, porque se está tutelando los derechos del niño”, explicó José Alonso, abogado del Cenidh a cargo del caso.