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El maestro universitario Edgar Ramón Morales Vargas, de 66 años, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, lo despojó ilegalmente de su pensión, y que se negó a darle un permiso para seguir laborando.

Morales Vargas interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, mientras las autoridades del INSS no dieron respuesta a la solicitud de entrevista hecha por El Nuevo Diario.

Morales Vargas ha ejercido el magisterio durante 30 años, pero nunca imaginó que en el ocaso de su vida fuera a recibir una pensión raquítica que no le permite vivir dignamente.

En 2006, el profesor se jubiló y empezó a recibir C$3,600 en concepto de pensión por parte del INSS, monto que en 2008 subió a C$4,347.59.

“Todo ha venido incrementando, y con los C$4,000 yo logro apenas la mitad de la canasta básica, por lo que solicité trabajar nuevamente como profesor horario, porque con la otra parte que gano en la universidad ya resuelvo”, explicó Morales.

Acusa a funcionarios del INSS

El 2 de febrero de 2008, el maestro solicitó al INSS un permiso para continuar trabajando, a la vez que recibía su pensión, pero el 17 de abril de ese mismo año recibió una negativa, por lo que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra Roberto López Gómez, Yadira Madrigal Romero y Léster Luna Ráudez --Presidente Ejecutivo, Directora General de Prestaciones Económicas y Director General Jurídico del INSS, respectivamente--, por el delito de discriminación.

“Esta denuncia que prestó mérito ante el Ministerio Público, fue debidamente notificada, y en las próximas horas estarían siendo procesados ante el Poder Judicial estos funcionarios. Nos llena de satisfacción que la Fiscalía, cumpliendo su misión y sus objetivos, a través de una investigación de una denuncia pública de este delito, ha encontrado mérito”, aseguró Álvaro Leiva, secretario de Asuntos Laborales de la CPDH.

Lejos de darle permiso para seguir laborando, este lunes 20 de agosto, el INSS le notificó al profesor Morales Vargas que le cancelaba su pensión. El afectado, como ejemplo, mostró dos permisos que otorgó el INSS a dos maestros ya jubilados; uno de ellos lo emitió en Carazo, en octubre de 2009, Yahoska Larios, coordinadora de Prestaciones Económicas del INSS “Arlen Siu”, al señor Santiago Aguilar Moreno.

La Ley lo ampara

Leiva explicó que los funcionarios cometieron otro delito penal al cancelar la pensión del docente y el de represalia.

Indicó que la Ley del Adulto Mayor, en su artículo número 2, del numeral 16, establece que las instituciones del Estado y el sector privado deben desarrollar todos sus esfuerzos necesarios para garantizar el acceso pleno al trabajo, sin menoscabo del goce y el disfrute del derecho que haya tenido el adulto mayor.

Además, la Ley 114, Ley de Carrera Docente, en su artículo 35 establece que un maestro jubilado puede seguir laborando sin perjuicio en su pensión y si presta las condiciones para hacerlo.

La Fiscal Departamental de Managua, Blanca Salgado, dijo que hoy darán detalles de la denuncia interpuesta por el docente.

“Se le está negando al profesor no solo el derecho al trabajo, sino que están atentando contra el derecho a la vida, y, definitivamente el llamado es al presidente del INSS, ya que la pensión no se la pueden quitar”, exhortó Marcos Carmona, Director Ejecutivo de la CPDH.