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La niña de 12 años violada presuntamente por agentes policiales de la seguridad presidencial, identificó a cinco policías y a un civil de seguridad privada como sus agresores, según el reconocimiento que hizo este viernes en las oficinas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ.

El padre de la niña, después de la entrevista, dijo que el jueves hicieron un primer reconocimiento que fue incompleto, pero que afectó grandemente la salud de la pequeña, quien gritaba que no dejaran que esos hombres le hicieran daño.

Este viernes se hizo un segundo reconocimiento y el resultado fue de cinco policías y un civil señalados por la menor de haber estado involucrados en el delito.

La comisionada general Glenda Zavala, Directora de Auxilio Judicial, explicó que los retrasos para pasar el caso al Ministerio Público se debieron a procesos técnico-científicos de la investigación, y dispuso del psicólogo de la institución para que valorara y tratara a la víctima, dado el trauma que causó el abuso sexual.

El padre de la niña aseguró que a pesar de la buena disponibilidad de la comisionada Zavala, antes de ser atendidos por ella, una oficial le advirtió que podría ser demandado por injurias y calumnias, lo que según Andrea Rothschuh, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, resulta un recurso intimidatorio y una amenaza proveniente de una oficial de policía.

Para la abogada, en este caso hubo violación a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, ya que la víctima no tuvo una atención pronta, y algunos agentes policiales obstaculizaron el proceso de denuncia.

Según el padre de la niña, su denuncia pública se debió a la falta de agilidad del proceso, e incluso las advertencias que le hacían sobre denunciar a policías de la seguridad presidencial.

“Yo no quería exponer a mi hija públicamente y ahora la identifican, pero esto tuve que hacerlo para que se haga justicia con mi niña y se castigue a los responsables de la violación”, agregó el padre de la menor.