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Ayer quedó listo el dictamen de la Ley Especial para el Desarrollo del proyecto “Complejo Industrial el Supremo Sueño de Bolívar”, el cual tendrá un costo superior a los US$6,000 millones, estará exonerado de todos los impuestos por 25 años, y en el mismo, el Estado de Nicaragua tendrá una participación del 49% del capital accionario, lo que le significaría al país un ingreso de US$3,000 millones.

Después de una sorpresiva “consulta” con el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, y con el presidente de la Junta Directiva de Petronic, Francisco López, el dictamen fue firmado solo por los diputados del Frente Sandinista, miembros de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, a la espera de que sea rubricado por los legisladores opositores de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN.

Sin embargo, tres asuntos son los que preocupan a los parlamentarios de la BDN. Carlos Langrand Hernández, diputado de dicha bancada, considera que no está claro cuáles serán los montos de ganancia que irán al Estado de Nicaragua y que, por tanto, ingresarán al Presupuesto General de la República; además, aún se desconoce la situación jurídica de la empresa Petronic, algo con lo que coincide el exaliado del FSLN, Agustín Jarquín Anaya.

Jarquín Anaya recordó que la empresa Petronic fue “arrendada” a la empresa Distribuidora Nacional de Petróleo, DNP, que estuvo manejada por un consorcio mexicano.

Según Jarquín, la situación jurídica de Petronic debe quedar “finiquitada”, porque si aún está bajo arrendamiento no puede ser la entidad representante del Estado de Nicaragua ante al consorcio venezolano a cargo de la obra.

El tercer elemento que preocupa a los legisladores opositores es que la ejecución y continuidad del proyecto “depende de dos personas”.

El diputado de la BDN, Carlos Langrand Hernández, dijo que preguntaron a los dos funcionarios del gobierno qué pasaría si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pierde las elecciones del próximo 7 de octubre, y que ni Rappaccioli ni López garantizaron la continuidad del proyecto si eso ocurría, pues el proyecto es ejecutado con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., Pdvsa.

Langrand dijo que, en principio, están de acuerdo con el proyecto, sin embargo, llevó copia del dictamen al seno de su bancada para discutirla y decidir si lo apoyan o no.

En todo caso, Langrand dijo que los diputados del FSLN son mayoría en la Comisión de Infraestructura, y que el dictamen ya está firmado.

Defensa sandinista

El diputado Edwin Castro, jefe de bancada del FSLN y miembro de la Comisión de Infraestructura, defendió la iniciativa de ley señalando que se trata de un proyecto “nunca antes visto” en Nicaragua, y que dejará al país una ganancia inicial de más US$3,000 millones en concepto, según Castro, de su participación accionaria.

Castro minimizó el impacto económico que tendrá para Nicaragua el hecho de exonerar de todos los impuestos al “Supremo Sueño de Bolívar”, que, según lo proyectado, se espera que esté funcionando en 2017, pero los beneficios económicos para el país se podrían sentir de 20 a 25 años después.

El proyecto comprende tres etapas; la primera es un complejo o sistema de almacenaje de combustible; la segunda, un oleoducto desde Monkey Point, en el Atlántico, hasta el lugar de la refinería, en el municipio de Nagarote; y la tercera etapa incluye precisamente la construcción de la refinería.

Pese a ser un megaproyecto petrolero, los diputados reconocieron que ello no garantiza la reducción del precio de los combustible en Nicaragua, al menos no en los siguientes 25 años posteriores a la entrada en funcionamiento.

Aun así, en alusión al tema del beneficio económico, el diputado Edwin Castro señaló: “¿Te parece poco el hecho de que Nicaragua va a recibir casi US$3,000 millones, de una inversión de más de US$6,000 millones y más de 5,000 nuevos empleos directos?”

Según Castro, el sistema de almacenamiento de combustible debería estar listo en 2014; la refinería estaría funcionando en 2017; una planta de polímeros (para la elaboración de productos plásticos) que debería entrar a funcionar en 2020, y finalmente el oleoducto, que no dio fecha de cuándo estaría listo.

Por su parte, el diputado Agustín Jarquín, señaló que el hecho de que Nicaragua ya no tenga que importar combustible, debería ser un factor de reducción en el precio al consumidor, pero que tampoco hay garantía de que eso ocurra, pues “hay otros factores” a tomar en cuenta en el precio del de los derivados del crudo.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Jenny Martínez, dijo que la próxima semana entregarán el dictamen a la Primera Secretaría y esperan que la ley sea aprobada en la semana de sesiones posterior a las Fiestas Patrias.