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Representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, dijeron tener información de que el gobierno está preparando acción legal en contra de las nueve mujeres representantes de diferentes organizaciones, que estuvieron involucradas en el caso “Rosita”.

“Hemos sido investigadas y hasta el momento no han encontrado una prueba de que nosotras hayamos incurrido en un delito. Por eso estamos denunciando que están prefabricando ‘pruebas’, evidencias falsas, e intentarán abrir una acusación en los próximos días”, asegura Martha Munguía, integrante del MAM, quien señaló que no tienen miedo ante las amenazas gubernamentales.

Esto surge luego que el viernes, el Ministerio de Gobernación, Mingob, a través de su Dirección de Registro y Control de Asociaciones, señaló que diversas Organizaciones No Gubernamentales no tienen sus documentos en regla y que pueden perder su personalidad jurídica. Así mismo, acusaron al Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, de “triangular” dinero con la organización inglesa Oxfam, para favorecer programas del MAM.

Revanchismo por defender a las mujeres
Munguía recordó que en octubre del año pasado y en el marco de la aprobación de la penalización del aborto terapéutico, y a pesar del tiempo transcurrido del caso, la poco conocida Asociación Nacional Pro Derechos Humanos promovió una investigación iniciada contra las feministas por dar acompañamiento al caso “Rosita”, donde el embarazo de la niña ponía en peligro su vida.

Luisa Molina Argüello, Juanita Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón Gadea, Lorna Norori Gutiérrez y Martha Munguía, todas representantes de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y pertenecientes a la Red de Mujeres Contra la Violencia, RMCV, fueron las señaladas de supuesta apología del delito, de aborto y otros delitos.

Ellas en su momento señalaron al actual mandatario Daniel Ortega, y a su consorte, Rosario Murillo, de estar tras la acusación, como revancha porque la RMCV dio acompañamiento al caso de Zoilamérica Narváez, la hijastra de Ortega, que hizo público el abuso sufrido por parte de éste.

Azalia Solís, también perteneciente al MAM, señaló que todas estas amenazas son formas de represión y revanchismo de parte del gobierno en contra de las feministas, por defender los derechos de las mujeres y criticar a lo que denominaron la dictadura Ortega-Murillo.

Por lo tanto, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poner en evidencia internacional la difícil situación que están pasando las defensoras de los derechos de las mujeres.

Acusaciones insólitas
Por su parte, Juanita Jiménez, coordinadora del MAM, dijo que a pesar de los señalamientos legalmente sería imposible que les puedan acusar de lavado de dinero, por supuestamente “triangular” fondos para esta organización a través de Cinco.

“La ley es clara, y se establece que el lavado de dinero es conexo al carácter ilícito del dinero. En nuestro caso, toda la plata que la cooperación internacional ha invertido, y de la cual son beneficiarias muchas organizaciones no gubernamentales, son fondos debidamente declarados ante las autoridades correspondientes. Es absurdo creer que estemos sujetas a delito, sobre todo cuando todos esos fondos están en nuestra página web”, aseguró Jiménez.

Por tal motivo, las representantes del MAM dijeron que no tienen nada qué aclarar ante el Ministerio de Gobernación, además, reiteraron que el MAM no es una ONG, sino una instancia organizativa cuya función es de coordinación y apoyo mutuo.

Así mismo, Ana Quirós, en nombre del MAM, dio su apoyo a Sofía Montenegro, Directora de Cinco, y se pronunció contra los medios de comunicación oficialistas que sostienen una campaña sucia de calumnias y que intentan criminalizar la defensa de los derechos humanos, los derechos constitucionales a organizarse, a participar en política, a la libertad de expresión.

Montenegro, junto al periodista Carlos Fernando Chamorro, en representación de Cinco, se presentarán hoy martes en horas de la tarde al Mingob, para aclarar cualquier pregunta que la Dirección de Registro y Control de Asociaciones tenga.

En un comunicado público, el MAM señala que las agresiones han adquirido particular saña en el caso de las organizaciones de mujeres. Señalan que después de 169 años de vigencia eliminaron el aborto terapéutico; sin fundamentos fueron denunciadas nueve defensoras de los derechos de las mujeres por supuestos actos ilícitos, implementaron revisiones y controles dirigidos a los ONG y centros de mujeres por parte de instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección General de Ingresos y el Instituto de Seguridad Social.

Además, han cerrado los espacios de diálogos y coordinación del gobierno con la sociedad civil, especialmente con la Red de Mujeres contra la Violencia; han señalado al MAM y a Cinco de estar en alianza indebida y hasta de actos ilícitos, como lavado de dinero; además, en el colmo de la paranoia gubernamental, Montenegro es hasta señalada de agente de la Central de Inteligencia Americana, CIA.

“Frente a tales sucesos, queremos reiterar a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular, que no nos vamos a callar. Continuaremos alzando nuestras voces para repudiar el acoso y agresión con que nos quieren aterrorizar y paralizar. Ellos --el gobierno-- son los que actúan al margen de la ley. Son quienes deberían ser enjuiciados y condenados por sus despropósitos y el descalabro del país”, indica el comunicado.