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Tres años han pasado desde aquel día en que Norma Elena Mora, exasistente ejecutiva de auditoría interna de la Dirección General de Ingresos, DGI, decidió enfrentar el miedo y luchar por sus derechos laborales, frente a la demoledora entidad estatal, que desde 2007 hasta la fecha ha realizado más de

800 despidos injustificados.

Durante este tiempo, y no por falta de esfuerzos, Mora no ha visto ni un solo córdoba correspondiente a su indemnización, tras su “sorpresivo” despido en 2009.

En realidad, no fue tan sorpresivo. Mora recuerda que previo al despido, ya una ola de rumores en la que la tildaban de “liberal”, le había advertido que los empleados de la antigua administración serían defenestrados por la otrora dirección de Walter Porras.

“El día que me corrieron, el mismo Walter Porras me dijo que me echaban porque yo era de la vieja administración, y, por lo tanto, era liberal. Yo le dije que ningún partido me había contratado, y que yo estaba ahí por hacer mi trabajo profesional”, comentó.

Deuda millonaria

Según su representante legal, Álvaro Leiva, secretario de asuntos laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público (Fedetrasep), la liquidación de Mora equivale a más de C$500,000, tras haber laborado por más de nueve años en esa cartera del Estado, y ella incluye prestaciones sociales, costos legales, daños y perjuicios, así como el retraso del pago de su indemnización.

“A toda luz se le han violentado sus derechos laborales, constitucionales, humanos y sindicales. Ha existido una indiferencia en el cumplimiento de las sentencias, lo que motivó que recurriéramos a un tribunal internacional, como es la Excelentísima Corte Centroamericana de Justicia, por el desacato de esas sentencias nacionales”, señaló Leiva.

Aunque han sido muchas las puertas que se han cerrado frente a la petición de la exfuncionaria pública por exigir el pago de sus prestaciones sociales, dos resoluciones judiciales respaldan su demanda. “Dos sentencias que hasta ahora han sido burladas”, dice.

La primera sentencia judicial favorable para la demandante fue emitida en octubre de 2010 por un juzgado de Distrito en materia laboral.

La segunda y más reciente fue emitida la semana pasada por la Corte Centroamericana de Justicia, que de acuerdo con el representante legal, es de inmediato cumplimiento.

“En octubre de 2010 me sale la sentencia a mi favor en el juzgado primero laboral de Managua. Hemos agotado todos los recursos. Nos trasladamos hasta al Ministerio de Hacienda y nunca nos atendieron. Estuvimos dando unas vueltas como ocho meses, y después el ministro de Hacienda dijo que ellos no tenían nada que ver, porque la DGI es autónoma”, expresó Mora.

Norma Elena Mora considera que la DGI al rehusarse a pagar la indemnización en su totalidad no hace más que cumplir la amenaza que le hizo el responsable de Recursos Humanos en ese entonces.

“Como me negué a firmar mi renuncia, entonces cuando Erick Avellán me dio la carta de despido me sentenció (diciéndome), que yo podía ir a donde quisiera a demandarlos, pero que nunca me pagarían. Eso es como un capricho de la DGI”, aseveró.

Con dificultades económicas

La exempleada pública comentó que su familia está integrada por siete miembros, y todos se apoyan en una sala persona: su cónyuge. El salario de su esposo, quien trabaja en una panadería, no cubre ni siquiera los gastos básicos del hogar.

“Me están violando mis derechos, porque si me estaban corriendo, pues ni modo, pero me corren y no me quieren pagar mi liquidación. Uno tiene que pasar penurias en todo este proceso difícil y desgastante”, indicó.

“Estas sentencias judiciales, al ser notificadas para su cumplimiento a la DGI y al Estado mismo de Nicaragua, a través de un procedimiento que está normado en nuestra misma legislación, han sido desacatadas, violentando a ley expresa lo que manda el artículo 167 de nuestra Constitución Política, que literalmente nos dice que las resoluciones y sentencias son de ineludible cumplimento para los funcionarios y empleados públicos y otras instituciones del país”, detalló el abogado Álvaro Leiva.

Sin embargo, hace unos días, la administración de la Dirección General de Ingresos, DGI, propuso rebajar y pagar en abonos las indemnizaciones de cuatro trabajadores despedidos de esa institución, entre ellos Mora, alegando que carecen de fondos.

Esta propuesta fue rechazada rotundamente por los extrabajadores.

Según datos de la Fedetrasep, de enero de 2007 a mayo de este año, unas 23,000 personas han sido despedidas de unas 52 instituciones públicas.

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