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La audiencia número 14 del juicio que se desarrolla contra Henry Fariñas, el exmagistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna; el empresario Guillermo Terán, y 21 procesados más por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado, se realizó ayer, pero apenas desfilaron dos testigos de la defensa.

Tras la audiencia, la jueza que conoce el proceso, Adela Cardoza, anunció que la audiencia para los alegatos finales será el jueves.

El abogado Léster Buzano, defensor de Terán, presentó a la testigo Norma Medina Sandino, Gerente General de la empresa aduanera Medisan. Ella dijo conocer al acusado desde 2006 y que le ayudaban con asesoría legal aduanera para la importación de motocicletas Harley Davidson y otros productos. Detalló que la empresa del acusado importaba entre 80 y 100 motos anualmente.

Ante la consulta de la jueza Adela Cardoza, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de la capital, Medina Sandino dijo haber visto el acta constitutiva de la empresa de Terán, pero que no recordaba quiénes eran los socios. A preguntas del fiscal Giscard Moraga sobre si ella conocía que la Policía había realizado una investigación por el delito de contrabando aduanero cometido por la compañía de Terán, respondió que no.

La Policía y el Ministerio Público han señalado que la supuesta red del narcotráfico internacional estaba al servicio del costarricense Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, señalado en Guatemala de haber ordenado el atentado donde murió el cantautor Facundo Cabral. Dicho grupo, según peritos policiales, habría lavado en Nicaragua cerca de US$30 millones entre 2007 y 2012.

¿Instalador de torres?

José Cordonero Lainez, abogado defensor del acusado Pedro Joaquín Vanegas Martínez, interrogó al testigo Jorge Eleázar Lagos Zapata, quien es técnico en comunicaciones, con el fin de demostrar que su defendido andaba trabajando en la instalación de torres de telefonía el mismo día en que la Policía asegura que estaba realizando actividades vinculadas al narcotráfico.

Vanegas es procesado por ser uno de los implicados en el quiebre de drogas que realizó la Policía en el residencial Praderas de El Doral, ubicado en las inmediaciones del Mercado Mayoreo. No obstante, Lagos Zapata aseguró que Vanegas, el pasado 26 de septiembre del año pasado, estuvo con él desde horas de la mañana en el municipio San Nicolás, Estelí, para instalar una torre telefónica para la empresa Cuba Electric, hasta las cuatro de la tarde del mismo día, cuando regresaron a Managua.

Pero el fiscal Moraga aseguró que a través de un vídeo la Policía demostró que Vanegas estuvo en la gasolinera Esso ubicada en la rotonda “La Virgen” con otros acusados en el juicio, sin embargo, el funcionario no especificó la hora en que se grabó dicho vídeo.

Vienen alegatos finales

Por otro lado, dos abogados de la defensa de los procesados desistieron de presentar testigos, aduciendo que fue por “razones de estrategia”.

La jueza Cardoza dispuso que la próxima audiencia, en donde se presentarán los alegatos finales de las defensas, se realizará el 20 de septiembre, a las 10 de la mañana, podría tener una duración de 48 horas.

TAM decidirá suerte de Osuna

Será en la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, donde decidirán si hay o no prescripción de la acción penal a favor del exmagistrado electoral Julio Osuna Ruiz, y de su hermano José Francisco, por el delito de falsedad ideológica.

La Fiscalía les imputa a los hermanos Osuna la presunta autoría del referido ilícito por la emisión el 15 de mayo de 2008, de una cédula de identidad a nombre de José Fernando Treminio, quien resultó ser Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”.

El abogado Álvaro Chica Larios, defensor de los hermanos Osuna, al exponer sus argumentos, dijo a los magistrados de Apelaciones que el ilícito imputado a sus representados “es un delito de resultados”.

“La falsedad ideológica se produce al momento de emitirse la cédula, y quien la extiende no tiene ningún beneficio con el uso que la da quien la recibe, porque para eso existe el delito de uso de documentos falsos”, explicó Chica Larios.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, se opusieron a la petición de la defensa de los hermanos Osuna, manifestando que la falsedad ideológica --conocida anteriormente como falsa identidad-- es un ilícito permanente que solo deja de producirse cuando se anula el documento emitido de manera irregular.

El fiscal auxiliar Giscard Moraga dijo que en el caso del exmagistrado Osuna la prescripción de la acción penal solo se interrumpió una vez que la Asamblea Nacional le retiró el fuero de la inmunidad.

En tanto, el procurador auxiliar penal, Francisco Mairena, dijo que la prescripción de la acción penal en este caso inició hasta que las autoridades nicaragüenses anularon la cédula de identidad para “El Palidejo”.

De ser aceptado el incidente de prescripción de la acción penal a favor de los hermanos Osuna- Ruiz, los magistrados de apelaciones estarían confirmando que el delito se cometió, pero que pasó el tiempo legal para acusarlos, que en este caso son tres años después de cometido el ilícito.