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La suerte de los 18 mexicanos que durante cuatro años recorrieron el istmo impunemente, hasta el pasado 20 de agosto, amparándose en unidades móviles con logos de Televisa y vistiendo camisetas serigrafiadas con los emblemas del gigante televisivo, será decidida hoy por el juez Julio César Arias, quien tras la presentación de pruebas de parte del Ministerio Público, resolverá si irán o no a juicio.

Esta mañana está prevista la audiencia inicial de los falsos periodistas acusados por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de estupefacientes. La Fiscalía presentará las pruebas, dirá quiénes serán sus testigos, y el juez decidirá si hay mérito para que arranque el juicio.

En otras palabras, en esta etapa el juez valora si existen “indicios racionales de culpabilidad de los acusados” para remitirlos a juicio, explicó la penalista y catedrática de la Universidad Centroamericana, UCA, María Asunción Moreno.

“Asimismo, en la audiencia inicial el juez debe revisar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la ley en el escrito de acusación (Art. 77 CPP) y garantizar el derecho a la defensa a los acusados. Lo cual en el caso concreto se ha cumplido desde la audiencia preliminar”, agregó Moreno.

El caso ha vuelto los ojos sobre Nicaragua. Medios de comunicación mexicanos y costarricenses han emprendido investigaciones periodísticas para determinar desde hace cuánto los acusados recorrían el istmo y a nombre de quién están los vehículos en los que se transportaban. Y las autoridades policiales de la región han coordinado esfuerzos para unir los cabos sueltos.

Grandes incógnitas

Pese a que horas después que se presentó a los mexicanos, la mañana del 24 de agosto, bajo la presencia de los jefes policiales de Centroamérica, México y República Dominicana, el presidente Daniel Ortega aseguró que la identidad de la cabecilla del grupo, Raquel Alatorre Correa, había sido robada, hasta la fecha esa versión no ha sido confirmada por autoridades nicaragüenses ni mexicanas.

Tampoco se sabe si la verdadera identidad pertenece a una periodista del emporio televisivo. Datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica indican que Alatorre Correa entró y salió por Peñas Blancas 34 veces.

Basados en datos del padrón vehicular de Ciudad de México, la revista Proceso, Aristegui Noticias y Noticias MVS, publicaron recientemente que las tres Van donde la Policía encontró US$9,255,631 están a nombre de Televisa, S.A. de C.V.

El emporio televisivo, sin embargo, mediante un comunicado de prensa se apresuró a aclarar que “frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana Las Manos (Nicaragua), hayan sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de esta empresa”, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de ese país, y solicitaron a General Motors que indique a quién le vendió las camionetas.

En Nicaragua las autoridades no han confirmado si los números de serie de los vehículos registrados en el padrón vehicular de Ciudad de México que reportan los medios de comunicación mexicanos, coinciden con los retenidos en Managua.

Nuevos datos

El documento de ampliación de la acusación presentado por el Ministerio Público el pasado 31 de septiembre, donde la Fiscalía solicitó que se incluyera el delito de transporte internacional de estupefacientes, revela que además de los 16 radiocomunicadores, y las seis camionetas tipo Van, marca Chevrolet, equipadas como unidades móviles, fueron ocupadas también cinco computadoras y 27 celulares.

Los billetes guardados en bolsos negros con franjas multicolores, escondidos bajo las consolas de sonido de tres de las seis camionetas en las que viajaban, tenían distintas leyendas. Una de ellas era “Roster M M. Maribel”, otra “Álvaro. Memo. T.E.M”, o “T. Ramos”.

Según el Ministerio Público, los 18 acusados trasladaron cocaína en grandes proporciones procedente de Costa Rica con destino a México, siendo el último transporte “el día nueve de junio de 2012, ingresando por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, procedente de Costa Rica, saliendo el día 10 de junio por El Espino”.

No obstante, la defensa de los mexicanos alegó que la ampliación de la acusación es “subjetiva” puesto que “la ley sanciona la tenencia --de droga-- en gramos y no trazos que son nanogramos”.

La Fiscalía basa su acusación en el resultado de la prueba de las trampas de recolección de trazas de estupefacientes en los compartimentos ocultos, donde se encontraron restos de cocaína en cuatro de los vehículos (los placas 886-XCR, 444XCJ, 571XXD y 848XBG).

El artículo 352 del Código Penal establece que comete el delito de transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, “quien por sí o por interpósita persona, transporte estupefacientes, psicotrópicos o sustancias controladas, será sancionado con prisión de cinco a 15 años y de 300 a mil días multa”

El mismo artículo establece que “se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión al que con el mismo fin, prepare, oculte, guíe, custodie, o acondicione los medios necesarios para realizar las conductas establecidas en el párrafo anterior”.

Cuando el transporte sea internacional, la pena por imponer será de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a 1, 000 días de multa.

Antes de ser acusados por este delito, los abogados defensores habían anunciado que los mexicanos se declararían culpables.

A criterio de la penalista María Asunción Moreno, “la solicitud cabe perfectamente desde el punto de vista procesal, al respecto, es oportuno señalar que el CPP es claro cuando establece que el fiscal puede ampliar la acusación, mediante la inclusión de un nuevo hecho ‘durante el curso del proceso, y hasta antes del inicio del juicio’, e incluso esta ampliación la puede hacer ‘durante la práctica de la prueba’ cuando surgen nuevas circunstancia (Art. 312 CPP)”.

Según Moreno “habrá que tener presente que la carga de la prueba la tiene la acusación, es decir, la Fiscalía tiene la obligación de probar en juicio cada uno de los hechos que se imputan, para lo cual cuenta con los plazos que le da la tramitación compleja que requiere este tipo de causas”.

“Al tratarse de crimen organizado y tráfico de drogas, el caso, procesalmente hablando, es complejo, y desde el punto de vista probatorio delicado para las instancias encargadas de la investigación y de la acusación. Las defensas, por su parte, tendrán el trabajo de velar para que se respete el debido proceso a sus representados”, añadió la penalista.